Las familias de fallecidos en residencias de ancianos a causa del coronavirus comienzan a movilizarse para reclamar responsabilidades penales y civiles a algunos centros en los que, en su opinión, se actuó con negligencia. Es el caso del hijo de una anciana que pereció en el HUBU el 28 de marzo, «solo 24 horas» después de que los responsables de la residencia de asistidos de Fuentes Blancas -dependiente de la Diputación- avisaran de que había sido ingresada. El deudo ha presentado una querella contra el centro, por considerar que ha podido existir «un delito de homicidio por imprudencia profesional», informa el abogado que lleva el asunto, Carlos Gutiérrez. 

En la relación de circunstancias que figura en el escrito de la querella se explica que la finada llevaba ingresada en la residencia desde enero de 2018 y que durante todos los días sus familiares tenían comunicación con los servicios médicos del centro sobre su estado. Asimismo, cursaban visitas periódicas al centro sin observar ninguna anomalía en el cuidado de la mujer.

Pero coincidiendo con los tiempos de pandemia provocada la COVID-19, el querellante recibió comunicación telefónica el día 27 de marzo a las 14 horas, en la que les informaban que su madre iba a ser trasladada al Hospital Universitario (HUBU), pues parecía tener problemas respiratorios. Al poco tiempo su hijo se personó en el complejo asistencial y observó «la situación deplorable» en que se hallaba su madre, quien presentaba «una extrema delgadez y otros síntomas», algo que no había apreciado en su última visita, hacía menos de diez días.

El hospital ingresó a la mujer y sin haber transcurrido ni 24 horas su hijo fue avisado de que su progenitora había fallecido a causa del coronavirus. El deterioro que presentaba la anciana en el HUBUinvita a pensar a su hijo que el fallo respiratorio pudo darse días antes de recibir el aviso y que fue lo que provocó «el deplorable estado» en que  la encontró cuando la vio. Se pregunta por qué en el centro no observaron la situación antes y reaccionaron con más prontitud para tratar la enfermedad, fuera la que fuera.

La querella está formulada contra el director de la residencia de asistidos de la Diputación y contra cualquier persona que aparezca como responsable en la instrucción del procedimiento. El letrado ha solicitado una fianza de 10.000 euros para asegurar las responsabilidades civiles que se deriven de la presunta comisión de un delito de homicidio por imprudencia. 

El abogado del hijo de la fallecida pide la citación de su patrocinado para que ratifique los extremos de a querella y reclama la declaración del director del centro, así como los informes médicos de la residencia y del hospital.