La Junta de Castilla y León priorizará a las personas con mayor tiempo en situación de ERTEs en su complemento de ayuda a los trabajadores afectados por expedienes y mantiene el tope de seis millones de euros de gasto acordados en el marco del Diálogo Social, una cantidad que los agentes sociales consideran insuficiente para la magnitud del problema. Pese a ello, la orden supedita las ayudas a las disponibilidades presupuestarias.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, detalló las novedades de las Bases Reguladoras, cuya orden publica hoy el Bocyl, de la línea de ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada, por causa de fuerza mayor como consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-19.

Amigo argumentó, en declaraciones recogidas por Ical, que la modificación se produce porque en el mes de marzo, cuando se firmaron los acuerdos del Diálogo Social, se desconocía el alcance de la crisis originada por la pandemia y aseguró que se cumple el acuerdo con el Diálogo Social, con cuyos representantes aseguró que se ha reunido para avanzarles las bases.

Tras manifestar que ahora no tienen una estimación de los trabajadores que contarán con el complemento hasta que se convoque a ayuda y se compruebe cuántos la solicitan, la consejera explicó que esta ayuda, de 7 euros por jornada, será aplicable a las personas que  haya tenido suspendido o reducido su contrato al menos 45 días dentro del período subvencionable que establezca la convocatoria y para su cálculo tendrá un tope de 90 días. Tendrán derecho a la misma aquellos trabajadores que no superen una base de cotización de 1.600 euros o la cantidad correspondiente en caso de contrato parcial.

La consejera insistió en que las nuevas bases, que sustituyen a las publicadas el 30 de abril, benefician a los trabajadores que han sufrido durante más tiempo un ERTE y destacó también que la ayuda la solicita el interesado y no la empresa. También, se prioriza a trabajadores de empresas de hasta 250 empleos para centrarse en pymes.

La intención de la Consejería de Empleo e Industria es agilizar todos los trámites para publicar la convocatoria y que los interesados puedan presentar su solicitud, afirmó Amigo, que añadió que en este momento es difícil realizar una estimación del número de trabajadores a los que la Junta pagará los 7 euros como complemento de ERTE. 

Según se recoge en la orden, las circunstancias actuales obligan a adecuar la de 30 de abril de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de una línea de ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de la jornada como consecuencia del COVID-19. 

En concreto, detalla que se priorizan los expedientes de regulación de empleo de suspensión o reducción de jornada por causa de fuerza mayor frente a otros supuestos.

Tanto los sindicatos como la oposición han acusado a la Junta de incumplir los acuerdos firmados el 25 de marzo con el Diálogo Social, si bien la consejera aseguró que con las bases publicadas hoy se cumple con lo suscrito con patronal y centrales sindicales, al igual que explicó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en las Cortes.