Son dos de los termómetros más precisos a la hora de explicar cómo es la realidad socioeconómica menos amable de Burgos, esa que no sale en los anuarios de las instituciones financieras o de los colegios profesionales. Saben cuántas personas necesitan ayuda para comprar comida a sus criaturas, pagar la luz o tener calefacción, buscan empleo a quienes por su perfil resultan invisibles y conocen los estragos que hace la historia familiar o la enfermedad en muchos ciudadanos. Cruzar los datos que maneja el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento con los de Cáritas siempre da una foto fija bastante aproximada del momento actual de la ciudad. Y la de mediados de noviembre de 2019 es muy parecida a la de hace un año: por un lado, las cifras de las personas que se han acercado hasta ambas entidades no experimentan una variación excepcional o que haga saltar las alarmas y tanto la Concejalía como la organización caritativa de la Iglesia Católica coinciden en señalar que no están notando en sus estadísticas señales de que pueda estar comenzando la recesión que se augura y sí, en cambio, que el gran problema de Burgos es una bolsa crónica de pobreza que es muy difícil de eliminar y que está formada por personas que no se han beneficiado de las mejoras económicas generales de los últimos años.
Alrededor de un millar de familias -entre 5 y 6.000 personas- estarían dentro de este colectivo que, si llega la crisis de la que hablan los gurús económicos, no se habrá beneficiado en absoluto de la recuperación de los últimos años ni habrá mejorado sus condiciones de vida. Las causas son muy diversas, según explica María Gutiérrez, coordinadora de Acción Social de Cáritas: «Son personas en las que se suman diferentes características: baja formación, condicionantes culturales, una historia de exclusión que hace que pase de padres a hijos -la pobreza se hereda-, problemas de salud mental o conflictividad familiar. Con ellos nos planteamos un trabajo a largo plazo, con mucha paciencia y con objetivos menos ambiciosos que en otros casos y siempre teniendo en cuenta que todo el mundo puede hacer un proceso y que en ese camino nosotros vamos a acompañarles».
Este colectivo supone entre el 20 y el 25 por ciento de todas las familias a las que Cáritas presta ayuda. En lo que va de año, a fecha de 14 de noviembre, el número de las beneficiarias por la ONG ha sido de 5.620, con lo que calculan que cerrarán el año con una cifra muy parecida al del pasado, que fue de 6.400. También los números que maneja el área de Servicios Sociales en las prestaciones económicas de Urgencia Social (aquellas que resuelven de forma temporal las necesidades más básicas) se parecen a los de 2018. La concejala del ramo, Sonia Rodríguez, indicó que a 7 de noviembre de este año se han concedido 947 ayudas por diferentes conceptos con un montante total de 514.121,71 euros. En todo 2018 fueron 961 que costaron 534.341 euros.
Por áreas, Rodríguez explica que se ha incrementado ligeramente las ayudas que se prestan para necesidades básicas de alimentación mientras que han disminuido las que van destinadas a la vivienda, pero el análisis de esta circunstancia no es como pudiera parecer: «Esto no quiere decir que las necesidades de vivienda hayan descendido sino que se han precarizado tanto que hay muchas personas que tienen que compartir casa y que no son titulares de sus recibos de agua, luz o gas. Si no son titulares no podemos dar ayudas para que puedan pagar esos suministros y lo que estamos haciendo es, una vez justificada su necesidad, se les da la ayuda pero no se computa a temas de vivienda sino, por ejemplo, de alimentación».
A su juicio, la precarización de la vivienda está íntimamente unida a la existencia de trabajadores pobres, una realidad sobre la que Cáritas lleva advirtiendo hace mucho tiempo. «Hay contratos cada vez más precarios y, al mismo tiempo, las condiciones que se exigen para alquilar son más duras: precios más altos, nómina fija, adelanto de tres mensualidades... Esto hace que muchas familias opten por compartir vivienda -un fenómeno que va al alza- y en algunos casos alquilar habitaciones y dedicar sus ingresos a otras necesidades», afirma Sonia Rodríguez.
Sobre la bolsa de pobreza crónica de Burgos, el técnico municipal Marcos Ayuso, jefe del Área de Mayores y Prestaciones de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, coincide plenamente con el diagnóstico de Cáritas: «Está enquistada y es muy difícil de resolver porque, por ejemplo, el acceso al mercado de trabajo en muchos casos no garantiza salir de la exclusión y el problema de la vivienda es bestial». En este sentido, explica que este año, por primera vez, han llegado al Ayuntamiento desde los juzgados comunicados de desahucios de alquiler. Han sido 60 sobre los que Servicios Sociales han realizado los respectivos informes de vulnerabilidad para atrasar la ejecución entre uno y tres meses.
(Artículo completo en la edición de hoy)