El retraso en pagar una factura le cuesta a la ciudad 18.000

J.M.
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Pese a admitir que el trabajo estaba hecho, el Ayuntamiento tardó casi 3 años en abonar 170.000 euros a una empresa que prestaba servicio en los cívicos

Instalaciones del centro cívico de Río Vena cuando aún permanecía abierto al público. - Foto: Patricia González

El 1 de octubre de 2013, el Ayuntamiento de Burgos firmó con la empresa Ludoland el contrato para encomendarle la gestión en los centros cívicos de los servicios de las salas de encuentro y de las ludotecas. El compromiso entre ambas partes sería por dos ejercicios con opción de dos prórrogas anuales. Sí se ejecutó la primera, pero la segunda no. El área de Servicios Sociales acordaba el 1 de agosto de 2016 poner fin al contrato, pero al no haber licitado uno nuevo tuvo que aprobar una continuidad del servicio hasta que no hubiera un nuevo adjudicataria. Eso supuso que Ludoland seguía trabajando y que se le debería de pagar mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito. La empresa pasó la factura de noviembre y diciembre, que ascendía a 169.923 euros, y pese a que el Consistorio no cuestionaba que el trabajo se hubiera realizado, no fue hasta julio de 2019, más de dos años y medio después, cuando se le abonó. 
Fue la judicialización del proceso la que hizo que el Ayuntamiento pagara. Eso sí, el conflicto continuó abierto en los tribunales. Y ha sido ahora cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 ha obligado también a la ciudad a abonar los intereses por el retraso en el pago e incluso al pago de  los intereses de los intereses. Este coste para el Consistorio supondrá un desembolso de unos 18.000 euros (la cifra se concretará de manera exacta en la ejecución de la sentencia).
El concejal de Podemos Israel Hernando tilda de «vergonzosa»  la situación que se ha generado y responsabiliza a la «gestión del PP», que entonces estaba al frente del Ejecutivo local, de la situación. «¿Son conscientes del daño que pueden hacer a una empresa?», se pregunta en referencia a la tardanza en el pago. Pero si en algo incide el edil  es en denunciar que por no haber hecho bien las cosas la ciudad «tenga que pagar 18.000 euros en intereses. Que bien nos vendrían ahora. Con ese dinero se podría subvencionar el alquiler de varios negocios durante tres meses», comenta en alusión a los autónomos que se han visto obligados a cerrar por la crisis sanitaria del coronavirus.
La concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, afirma, tras revisar el expediente, que no existe una explicación a la demora en el pago y añade que esta situación «es un ejemplo de la mala gestión del PP. De esa gestión de la que ahora tanto presume».
La edil socialista avanza que el Ayuntamiento no recurrirá la sentencia del juzgado.