El nuevo presidente de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, ha estrenado su nuevo cargo en Helsinki (Finlandia) participando en el Consejo informal de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de la Unión Europea (UE), desde donde ha reclamado "la gestión común de las fronteras" de Europa y ejecutar un sistema ordenado para gestionar la inmigración y, así, "desmantelar el negocio de los traficantes de personas". Además, ha lamentado que Italia haya "caído en el lado oscuro" de la mano de su viceprimer ministro y ministro de Interior, Matteo Salvini, y su intento de "criminalización" de la inmigración.
Para López Aguilar, el caso de Italia se trata de un "proceso xenófobo escorado a la extrema derecha". "Salvar vidas no es delito. Lo hacen la Guardia Civil y muchas fuerzas públicas en España, así como también y a menudo desde la cooperación internacional. Y en España nunca se ha llevado al banquillo a nadie por ello", defendió López Aguilar en alusión a los procesos contra cooperantes en Italia por atender a inmigrantes en el mar Mediterráneo. A este respecto, el eurodiputado socialista recordó que en España hay cientos de "testimonios de profesionales de todo tipo como médicos o bomberos que están haciendo algo para salvar mujeres, hombres y niños antes de que mueran en el mar" y que hay que tenerlos en cuenta.
Para López Aguilar se trata de atajar la "fosa común" en que se ha convertido el Mediterráneo y, para ello, propone modificar la Directiva de la UE que está permitiendo que procesos judiciales de este tipo se estén llevando a cabo, que es la de Facilitación. "Necesitamos enfrentar una reforma de esta Directiva para que en ningún caso se pueda criminalizar la ayuda. Salvar mujeres y niños nunca puede ser delito", apostilló.
Críticas a la gestión de la Unión Europea
López Aguilar fue elegido presidente de esta Comisión el pasado 11 de julio, durante su primera reunión. Se trata de una de las más activas y de las que tienen más carga de trabajo de toda la UE, aproximadamente un 25 por ciento del total del volumen de trabajo. Para el eurodiputado canario es "crucial" en Europa en el desarrollo y la garantía de los derechos fundamentales y que su ámbito de acción abarca elementos tan diversos e importantes como los fenómenos migratorios, los permisos y regulación de los asilos, la garantía de libre circulación dentro de la UE, la cooperación policial o el terrorismo.
También ha mostrado claro sobre la prioridad durante este mandado: "primero, desarrollar un sistema europeo de gestión de fronteras, migraciones y asilo que respete el mandato de solidaridad". Y es que, remarcó "no se trata de un buen deseo, sino de un mandato vinculante desde el Tratado de Lisboa" y un asunto de "suma importancia para España o Canarias en particular". Así, defendió que se trata de una "necesidad" el "gestionar" el fenómeno migratorio y la solidaridad como un "enorme desafío común", que ya "no puede ser tratado o enfrentado individualmente". "Regresando a los egoísmos nacionales no hay nada que hacer", ni en este campo ni en ninguno, apostilló.
Para el eurodiputado español, la UE ha tenido la puerta "cerrada" al "drama" que supone atender a aquellos que "huyen de la desesperación". "Vengo batallando por la apertura de vías legales y por el cambio de la mirada negativa hacia la inmigración y los permisos de refugio", agregó. Así, argumenta que la acción humanitaria de la UE tiene que ir en la dirección de abrir una "oportunidad" a quienes necesitan salir de sus países para buscar una alternativa y que puedan hacerlo "sin arriesgar la vida" y sin caer en las manos de "organizaciones criminales que les explotan".