El anuncio del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de convocar elecciones una vez se aprueben los Presupuestos catalanes para este año da pistas sobre cuándo podrían celebrarse los comicios adelantados -estaban previsto para finales de 2021-, aunque no despeja todas las dudas, porque no desvelará la fecha exacta hasta dentro de unos meses.

Para que la legislatura concluya y pueda tener lugar una nueva cita con las urnas, el Parlament y el Govern tendrán que llevar a cabo una serie de pasos que imposibilita que las regionales puedan llevarse a cabo antes del próximo mayo.

Aprobación del Govern

Todo estaba preparado para que el vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, llevara el proyecto presupuestario para 2020 al Parlament ayer por la mañana, pero la comparecencia urgente de Torra a las 12,00 horas obligó a retrasar los planes unas horas.

Así, el Ejecutivo regional aplazó a la tarde su cónclave, en el que aprobaron las Cuentas -pactadas con los comunes- y, una vez avaladas, Aragonès se las entregó al presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, quien adelantó que prevé celebrar el próximo 18 de marzo el debate final de los Presupuestos de la Generalitat de 2020, en el que se da por hecho su aprobación.

Primera validación

La Mesa del Parlament deberá admitir a trámite las Cuentas e incluir en el orden del día de un próximo pleno el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos y de la legislación de acompañamiento.

El plazo para que los grupos en la Cámara puedan presentar enmiendas a la totalidad y al articulado obligará a esperar unos días antes de poder celebrar el debate de totalidad.

Por ello, es descartable que puedan tener luz verde en el pleno de los días 5 y 6 de febrero, pero sí podrían entrar en la sesión prevista del 19 al 20 de febrero, o incluso celebrar un pleno la semana anterior, entre los días 12 y 13.

Los votos para alcanzar la mayoría, y tumbar las enmiendas a la totalidad de la oposición, parecen garantizados, merced al acuerdo que han ido trabajando el Govern de coalición entre JxCat y ERC y el grupo parlamentario de Catalunya en Comú Podem, que lidera Jéssica Albiach.

Trámites en comisión

Superada esa primera votación en el pleno, los debates se trasladarán a las comisiones sectoriales del Parlament, en las que deberán discutirse y aprobarse las distintas secciones presupuestarias de las Cuentas.

Finalmente, el dictamen del proyecto de ley de presupuestos, con las enmiendas parciales incorporadas, pasará por la comisión de Economía y Hacienda de la Cámara catalana, que deberá dar su visto bueno para poder elevarlo al pleno para su aprobación definitiva.

Filtro del consejo de garantías

Una vez aprobado el dictamen, desde los grupos de la oposición, muy probablemente se pedirá un informe al Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano consultivo encargado de dictaminar si las leyes catalanas se ajustan al marco legal vigente.

El Consejo de Garantías dispondrá de un plazo de un mes para emitir su dictamen, que no es de obligado cumplimiento, pero que podría llevar a introducir enmiendas al texto.

Votación final

Los Presupuestos volverán entonces al pleno del Parlament para que sean sometidos a una última votación y, en caso de aprobarse, serían publicados en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. Según adelantó Torrent ayer, se estima que esta sesión tenga lugar el 18 de marzo, aunque para ello, se deben sacar adelante todos los puntos anteriores.

Es a partir de ese momento cuando Quim Torra -tal y como anunció en su mensaje institucional- prevé anunciar la fecha de los comicios autonómicos, que, según la legislación electoral, se celebrarían 54 días después de la firma del decreto de convocatoria.

Fecha incierta

Fuentes parlamentarias consultadas señalaron que hay voluntad de acelerar los trámites en lo posible, para que los Presupuestos de 2020 puedan ser aprobados en un plazo de dos meses.

Si eso fuese posible, las regionales podrían celebrarse ya antes de finalizar el mes de mayo -se estima que es imposible una llamada antes del 17 de mayo-, pero, si se tiene en cuenta que algún grupo de la oposición puede pedir dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, los tiempos se alargan varias semanas más, hasta junio, o incluso julio si no es posible dar celeridad a la tramitación.

Cabe la posibilidad de que Torra sitúe la convocatoria electoral para después de las vacaciones de verano, en septiembre o, incluso, el simbólico mes de octubre -tres años después del referéndum ilegal del 1-O-, pero esta hipótesis parece remota, ya que el Tribunal Supremo podría confirmar meses antes su inhabilitación, un escenario que además dejaría al vicepresidente Aragonès provisionalmente al timón del Ejecutivo.