Los sindicatos de enseñanza llevan reclamando desde el inicio de curso, el pasado 9 de septiembre, que la Consejería de Educación dote de material sanitario de mayor protección a los maestros que imparten clase en los llamados grupos burbuja, es decir en segundo ciclo de Infantil y primero de Primaria. Su petición no es otra que se proporcionen mascarillas FFP2 a estos docentes al considerar que están expuestos a un «mayor riesgo» de contagio dado que en esas clases no es obligatorio entre los menores el uso de ese elemento, además de que el contacto es «más estrecho».
La falta de soluciones por parte de la Administración regional ha hecho que CCOO dé un paso más en su reivindicación y anuncia que la semana que viene denunciará esta situación ante la Inspección de Trabajo porque «es un asunto grave», tal y como subraya el responsable provincial de la federación de enseñanza de esta central, Jesús Moradillo, quien considera que dicha petición no se atienda porque «no figura en el protocolo» de prevención y organización de regreso a la actividad docente de la Junta. Unas instrucciones que además, según añade, se han elaborado «sin consultar al servicio de prevención de riesgos laborales».
Moradillo precisa que desde la Dirección Provincial de Educación sí que se ha provisto de este material a los profesionales de las escuelas infantiles dependientes de la Consejería (dos en la capital y dos en la provincia), pero no al resto, «que lo está adquiriendo por cuenta propia»: «Nosotros entendemos que esto no puede ser así porque es la empresa, en este caso la Administración, la que tiene que vigilar por la salud de su personal para que no haya bajas en las aulas».
CCOO ha tomado la decisión de acudir a la Inspección de Trabajo después de recibir numerosas quejas por parte de maestros tanto de la escuela pública como de la concertada, a los que se les provee, al igual que a los profesores del resto de las etapas, de un mascarilla quirúrgica o en algunos casos de tela, que «a veces no es igual de eficiente que la primera». Al respecto, subraya que esta protección resulta «insuficiente» en los grupos burbuja debido, donde no se aplican los criterios de limitación de distancia ni de uso de cubrebocas.
Moradillo recuerda que llevan pidiendo este material desde hace casi dos meses y que la Junta está «obligada» a vigilar la salud, lo que, según sostiene, significa que «tiene que proporcionar la dotación adecuada para que los maestros no se contagien». En este punto, agrega que la Administración regional se escuda en que «en su valoración de riesgos este es mínimo, algo que nosotros entendemos que es mentira porque sí que lo hay».
Trabajadores de riesgo. Por su parte, el sindicato Stecyl asegura que esta petición de material de mayor protección se extiende también a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (TES) en cualquier nivel educativo, sin que tampoco la demanda haya sido atendida. Su responsable provincial, Victoria Ibeas, sostiene que la Dirección Provincial de Educación ha dejado en manos de los centros la provisión de estas mascarillas para este colectivo y el de los grupos burbuja, algo con lo que esta central está en total desacuerdo porque en muchos casos no existe presupuesto suficiente para comprarlas. «El dinero se agota con otras medidas como la compra de geles, productos desinfectantes...», agrega, al tiempo que añade que esta situación ya se ha expuesto en la Comisión de Seguridad y Salud de Burgos y que se ha enviado un escrito de queja a la Consejería de Educación.