Durante algo más de siete años, H.D.A. se dedicó a la comercialización por internet de artículos falsificados de marcas de alta gama como Gucci, Versace o Prada y ganó más de 300.000 euros. A pesar de ser imitaciones, los vendía a precios muy similares a los originales. Tras intervenir un paquete en 2017, la Policía Nacional localizó en su domicilio y en un trastero centenares de productos que adquiría desde China para luego ofrecerlos en una página web. La Fiscalía le acusaba de un delito contra la propiedad industrial y solicitaba para él la pena de cuatro años de cárcel, así como indemnizaciones a las empresas damnificadas. Finalmente, en la vista oral celebrada hace unos días en la Audiencia Provincial de Burgos, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para rebajar la pena de prisión a la mitad, si bien tendrá que pagar más de 70.000 euros por daños.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el procesado se dedicó desde 2010 hasta 2017 a la venta de productos de varias marcas de lujo sin autorización de los titulares. Ofertaba estos artículos, la gran mayoría importados desde China, como réplicas «de buena calidad» a través de una conocida página web de compraventa de segunda mano y los enviaba a través de una empresa de paquetería.
Las investigaciones posteriores desvelaron que solo en los últimos tres años de su actividad delictiva llegó mandar 2.162 paquetes. Los compradores realizaban los pagos por estas compras a través de transferencias a diferentes cuentas y también contrarreembolso. Lo más llamativo es que los precios de algunos productos no eran chollos, ni mucho menos. De hecho, muchos de los artículos que enviaba tenían un coste muy similar al del original. Por ejemplo, un cinturón de la marca Gucci lo vendía por 200 euros, un bolso de Louis Vuitton por 650 y teléfonos de alta gama del gigante Apple por unos 700.
Poco a poco logró amasar, porque así lo reconoció finalmente al suscribir el acuerdo con la Fiscalía, una fortuna de 307.558,57 euros, de los cuales 68.779 fueron mediante transferencias e ingresos en ventanilla, 168.684 a través de giros postales y 70.093 eran ingresos no justificados. Su castillo de naipes comenzó a caer el día que agentes de la Comisaría de Valencia intervinieron un paquete enviado desde Burgos. Esta operación derivó en un registro al domicilio de H.D.A. cerca del parque Europa de la capital y también en un trastero del mismo edificio. Allí se encontraron centenares de productos falsificados de compañías como Armani, Versace, Ray Ban, Dolce&Gabbana, Lacoste, Apple o Gucci.
Los propietarios de la mayoría de estas marcas (hubo una que renunció a tomar acciones civiles) se personaron en la causa y formularon denuncia para reclamar la indemnización que les corresponde en concepto de daño moral por depreciación del producto y por lucro cesante. No obstante, ninguna solicitaba penas de prisión similares a las que plantea el Ministerio Fiscal. Al margen del acuerdo alcanzado finalmente con la acusación pública, el ahora condenado también pactó con tres de las compañías (Oakley, Luis Vuitton y Prada), que fueron, a tenor de las cantidades que vienen recogidas en el acuerdo, las más perjudicadas de esta comercialización ilegal.
Durante la instrucción del procedimiento, le fueron bloqueados más de 34.500 euros que mantenía ingresados en cuentas bancarias y, tras la sentencia que se dictará en base al acuerdo, se decretará su comiso. Se destinará a sufragar parte de las indemnizaciones, que superan los 70.000. Además de las tres empresas con las que llegó a un acuerdo particular, sobre el que no se opuso la Fiscalía, tendrá que pagar a otras ocho marcas. Asimismo, se procederá a destruir los artículos intervenidos durante el registro en su domicilio y en el trastero.
H.D.A. se declaró culpable de un delito continuado contra la propiedad industrial por la importación, ofrecimiento y comercialización al por menor de productos falsificados sin el consentimiento de su titular. Por ello, se le impuso una pena de dos años de prisión y una multa diaria de cuatro euros al día durante un periodo de dieciocho meses, así como una inhabilitación especial para el ejercicio del comercio durante tres años. En el acuerdo concurre, no obstante, la circunstancia atenuante de reparación del daño, al ser el propio condenado el que finalmente quiso llegar a un acuerdo con las marcas perjudicadas.