Burgos ha celebrado 122 matrimonios gais desde hace 15 años

ANGÉLICA GONZÁLEZ
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El número de nupcias desde su legalización entre lesbianas supera ampliamente al de gais. La provincia ocupa el cuarto puesto en el conjunto de la comunidad autónoma tras Valladolid, Salamanca y León

Cris Alonso y Alba Sierra se casaron en 2017. Aquí, una imagen de la celebración.

El pasado día 21 de abril se cumplieron 15 años de la aprobación por el Congreso de los Diputados del proyecto de ley de reforma del Código Civil con el objetivo de incluir en él el matrimonio entre personas del mismo sexo. Está en los archivos: aquel documento llegaba con el informe negativo del Consejo de Estado y fue aprobado por todos los grupos políticos salvo el Partido Popular y los diputados de Unión Democrática de Cataluña. Más tarde recibiría el veto del Senado, donde el PP tenía mayoría absoluta, y donde comparecieron personas consideradas expertas en la materia como el psicólogo Aquilino Polaino, propuesto por ese partido, que calificó la homosexualidad de patología y trastorno emotivo y aseguró que muchos gais provenían «de familias con padres hostiles, alcohólicos y distantes y madres sobreprotectoras con los hijos varones y frías con las mujeres», lo que provocó una enorme polémica y que muchas figuras públicas de la formación conservadora expresaran públicamente su discrepancia. Es decir, el camino no fue fácil, como tampoco lo había sido hasta entonces la vida de lesbianas y gais, condenados permanentemente a esconder  sus afectos y a ser siempre, con mayor o menor intensidad según las épocas, criminalizados por ellos.

Finalmente, el 30 de junio de 2005 el texto se aprobó en el Congreso por 187 diputados (incluida Celia Villalobos, del PP) y fue sancionado al día siguiente por el rey Juan Carlos. La ley llegaba con toda normalidad y así, enseguida empezaron a hacerse públicas las decisiones de muchas parejas de contraer matrimonio, en algunos casos tras décadas de convivencia.

Parecía que la norma, que no le quitaba derechos a nadie y sí se los daba a quienes hasta entonces no los había tenido, iba a disfrutar de una vida plácida, pero no. El Partido Popular la llevó al Tribunal Constitucional (TC) y en tres provincias los jueces de los registros civiles le pusieron todas las pegas posibles. Una de ellas fue Burgos, donde en el mes de agosto de aquel mismo año la jueza María Luisa Miranda paralizó el primer expediente que le llegó para celebrar la boda entre dos mujeres e instó a las partes (las novias y el Ministerio Fiscal) a justificar por qué no debía plantear una cuestión de inconstitucionalidad, que era el paso previo para llevarla a cabo.

(Más información y testimonios, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)