La incertidumbre y la preocupación es «máxima» entre los hosteleros de la capital después de que el pasado 5 de abril la Junta decretara un nuevo cierre de los interiores de los establecimientos por un periodo inicial de 14 días. Su temor es que la medida se prorrogue durante otras dos semanas, a tenor de los datos de incidencia acumulada de contagios. El calendario avanzaría así hasta primeros de mayo, con la temporada de comuniones  ya encima, sumándose además las dudas sobre lo que ocurrirá a partir del 9 de ese mes, cuando decae el estado alarma ya que el Gobierno central ha mostrado su intención de no extenderlo en el tiempo.

La Diócesis de Burgos mantiene los meses de mayo y junio para la celebración de este tipo de eventos, dejando la organización de los mismos en manos de cada parroquia. De hecho, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería, Fernando de la Varga, asegura que ya hay reservas para esas fechas, teniendo en cuenta que estas suelen realizarse con antelación aunque se mantenga el formato reducido de invitados, al tiempo que pone el foco en la ausencia de protocolos sanitarios y de seguridad para dar «cobertura» a este tipo de celebraciones y a otras como las bodas. «No hay nada regulado aún al respecto y no podemos estar siempre a expensas de la improvisación», señala, apuntando también a aspectos como el número máximo de comensales por mesa (ahora de seis) o el aforo permitido, que inicialmente es del 33%.

«Hay que tener en cuenta que la restauración del alfoz, por ejemplo, está abierta y puede trabajar», subraya. En este punto, asegura que existen «vacíos legales» y que, ante el «silencio» al respecto de la Administración regional, es la propia patronal la que está elaborando protocolos en este sentido que después presentar a la Junta, poniendo como ejemplo que otras comunidades como Galicia ya han realizado este tipo de normativa. En este momento «los empresarios no saben qué servicios van a poder ofrecer ni en qué condiciones».

La incertidumbre se extiende más allá de la restauración, unida a un «decaimiento» generalizado del sector, que se encuentra a la expectativa de lo que ocurra este mes. Por un lado, De la Varga reconoce que, si las tasas de contagio en la capital se mantienen en los mismos niveles, la reapertura «queja lejos», ya que debe bajar la incidencia de 150 positivos por cada 100.000 habitantes, a lo que también añade las dudas sobre lo que ocurrirá a partir del 9 de mayo y toda la polémica generada con la vacunación. «No podemos vivir con este desasosiego, que ya no solo pasa por lo que ocurra el lunes, sino a partir del fin del estado de alarma», denuncia, sin dejar de insistir en exigir «claridad» al Gobierno regional. 

Sobre este asunto admite que se trata de una directriz del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, si bien matiza que «no todas las autonomías la están siguiendo». «En Castilla y León se continúan haciendo que todos las recomendaciones se conviertan obligaciones», manifiesta, aprovechando también para recordar que hay «miles de expedientes» en la Comunidad pendientes de revisión para saber si los empresarios del sector han obtenido o no las ayudas directas al sector turístico.