Después de que el TSJcondenara al Ayuntamiento a pagarle 50.000 euros por actuar «de forma antijurídica» y causarle «daños» que no debía «soportar» tras no concederle licencia de actividad para la apertura de negocios en unos locales de la calle Soria, 16, el empresario Carlos de Miguel ha acudido a la jurisdicción penal para denunciar por prevaricación a los políticos y funcionarios -de la época de Juan Carlos Aparicio- que le provocaron dicho menoscabo patrimonial. El juzgado de Instrucción número 1 de Burgos ha abierto ya diligencias previas por entender que los hechos que describe en la denuncia «hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa». El auto judicial llama hoy mismo a declarar a Carlos de Miguel y oficia al Consistorio para que el secretario aporte listado de fechas y cargos que ocuparon los denunciados. Se ha dado trámite a la Fiscalía  para que informe sobre la procedencia de declarar compleja la causa.
El origen de este procedimiento judicial se remonta al año 2006, cuando el empresario burgalés pide una información urbanística en el Ayuntamiento para montar un despacho de abogados en un local de la primera planta de la calle Soria, 16. Tanto la sección de Arquitectura como la Comisión de Obras y Servicios -en este caso por unanimidad- dieron el visto bueno a la solicitud. La única controversia radicaba en que el nuevo negocio no tenía acceso directo al exterior, como exigía el PGOU, pero la práctica municipal llevaba años haciendo excepción con todos los edificios levantados antes de que entrara en vigor ese Plan General, como es el caso del de la calle Soria, 16. Lo lógico era, por tanto, que se le otorgara licencia de actividad.

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