La posible insalubridad de un establo ubicado en la travesía principal del casco urbano de Las Machorras y los olores que el ganado desprende, sobre todo, en verano, están en el origen de una denuncia que el alcalde pedáneo de esta localidad, Roberto Ortiz, interpuso en octubre pasado contra el de Espinosa, Javier Fernández-Gil. El hecho de que Ortiz presentara hasta cinco escritos en el Ayuntamiento, entre agosto de 2017 y marzo de 2018, pidiendo información sobre las licencias, los permisos y controles realizados a la explotación ganadera,  y que no se le contestara a ninguno podría ser constitutivo de un delito contra los derechos cívicos o un delito de prevaricación por omisión, según ha indicado la Fiscalía el pasado 10 de mayo.

En su denuncia, Ortiz señalaba que «el Ayuntamiento de Espinosa, lejos de prestar la obligada colaboración con la junta administrativa de Las Machorras, y pese a los numerosos escritos presentados, no ha dado contestación a ninguno, no ha facilitado la información a la junta administrativa de Las Machorras ni ha efectuado actividad alguna de control». En ella recordaba que los plazos legalmente establecidos para que la Administración de respuesta a las solicitudes de información o, en su caso, motivar la denegación, «son de un mes y de forma supletoria 3 meses». De ahí que en su denuncia, el alcalde de Las Machorras apelase a la posible comisión de un delito contra los derechos cívicos, al que se adhiere ahora la Fiscalía, añadiendo el presunto delito de prevaricación por omisión.

El Juzgado de Villarcayo archivó el caso sin practicar apenas diligencias y tras un recurso de reforma, la Fiscalía señala al Juzgado de Villarcayo que el auto de archivo «vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva». Asimismo, le indica al juez de Villarcayo que «los hechos denunciados juntamente con la documental unida a la denuncia tienen unos indicios que justifican que se lleve a cabo una mínima instrucción para quedar esclarecido, si los hechos denunciados son o no constitutivos de algún tipo de infracción penal».

El fiscal entiende que «no es de recibo que un Ayuntamiento se niegue a dar contestación a lo solicitado por otro Ayuntamiento pedáneo que dependa del mismo, impidiendo con ello el posible ejercicio de sus derechos o acciones». Ante ello, plantea que se tome declaración tanto al alcalde de LasMachorras como al de Espinosa y se solicite informe al Ayuntamiento de si alguno de los cinco escritos presentados por Ortiz tuvieron o no contestación.

no es la única granja. El pequeño establo, en el que ayer había seis vacas, cuenta con informe favorable de la Comisión Territorial de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y León desde 1999 y lleva en el casco urbano más de tres décadas. No obstante, la Junta señala que le corresponde al Ayuntamiento espinosiego inspeccionar este tipo de actividades. El alcalde de Espinosa asegura que «en cuatro años a Roberto Ortiz se le ha informado de todo y ha tenido acceso a todos los expedientes, pero no le he consentido el uso de la Administración municipal para sus venganzas personales». Fernández-Gil recuerda que «ésta no es la única granja del pueblo, pero si la única que le molesta a él». A ello añade que «las quejas y escritos presentados en el Ayuntamiento por el alcalde de Las Machorras contra vecinos son muchísimas, incluso por el timbre de una granja cercana de la que decía que superaba los decibelios permitidos».

Junto al establo hay un bar-restaurante, que ha cerrado hace apenas tres meses, y el alcalde de Las Machorras afirma que los malos olores que molestaban a la clientela de la terraza de verano son uno de los motivos del cierre.