El Ayuntamiento ha sufrido otro revés por parte del Tarcyl, tribunal administrativo que el año pasado ya echó atrás las obras de la piscina climatizada y que ahora ha suspendido temporalmente la adjudicación del nuevo contrato de limpieza viaria tras el recurso presentado por una empresa. La actual es la segunda vez que este organismo frena la renovación de este servicio ya que en 2016 ya tumbó un pliego de licitación, lo que retrasó el procedimiento casi tres años.

Ahora ha ordenado dejar en punto muerto la reciente concesión a Cespa de la recogida de basuras ante la demanda presentada por los representantes de la UTE Urbaser Valoriza, la compañía encargada de la limpieza de las calles mirandesas durante los últimos años y que también había concurrido al concurso. El motivo que esgrime la firma denunciante es que Cespa no cumple con el número de trabajadores mínimos y tampoco con las características técnicas en algunos equipos que se exigían en el pliego.

Ante las dudas suscitadas, el Tarcyl ha requerido al Ayuntamiento para que presente alegaciones y facilite la documentación de las empresas que presentaron oferta para notificarles el trámite de audiencia. Mientras tanto la adjudicación queda en suspenso.

El servicio de limpieza es desde hace años el que más quejas ciudadanas suscita por la imagen que presentan las calles y cada poco tiempo las redes sociales se llenan de fotografías denunciando la situación. El propio Ayuntamiento ha reconocido en más de una ocasión su malestar con la prestadora del servicio y durante los últimos años ha protagonizado diferentes conflictos con la UTE encargada del mismo por sus reiterados incumplimientos, algunos de los cuales han acabado en multas e incluso en los juzgados.

El problema se arrastra desde la época de Fernando Campo pero se ha agravado durante el primer mandato de Aitana Hernando, entre otras cosas por los continuos contratiempos a la hora de elaborar un pliego que evitara tener que recurrir durante tanto tiempo a la prórroga forzosa. El Tarcyl frenó un primer intento de sacar a concurso el contrato, uno de los más caros dentro de la administración local ya que el importe del mismo asciende a 25 millones de euros repartidos en diez años. Tras modificar el documento, fue el PSOE el que se vio obligado a paralizar otra vez el procedimiento cuando ya estaba listo para buscar su aprobación en el Pleno después de las irregularidades detectadas en el texto por la oposición.

Finalmente el pasado mes de noviembre el servicio se adjudicó a Cespa, por ser la oferta mejor valorada ya que contemplaba una rebaja del 12% respecto al precio de partida y además fue la que más puntos obtuvo en cuanto a criterios técnicos. Además entre las condiciones requeridas estaba la renovación de contenedores y recientemente se había anunciado la intención de probar a soterrar cuatro del Casco Viejo, para en el caso de que se comprobara que es una medida efectiva, extenderla al resto de calles. También se contemplaba la renovación de la flota de vehículos ya que el estado de algunos camiones ha generado mucha polémica en los últimos meses porque dejaban regueros de aceite a su paso en la calzada.

La adjudicación a Cespa parecía el final de un largo quebradero de cabeza al que ahora se añade un inesperado penúltimo capítulo que puede obligar a empezar de cero.