La dispersión de etarras es una estrategia puesta en marcha desde hace más de 30 años que tenía como objetivo romper el férreo control que ETA ejercía sobre sus reclusos. Defendida por los sucesivos Gobiernos en aras de facilitar la reinserción de los propios terroristas, siempre ha contado con el respaldo de los tribunales españoles y europeos. Sin embargo, la pasada semana, el Ejecutivo de Pedro Sánchez liquidó esta herramienta al aprobar siete traslados de presos, entre ellos Iñaki Bilbao y los otros tres internos que continuaban en cárceles de Andalucía, una región que ya no cuenta en sus prisiones con reos de la banda.
A finales de los años 80, bajo el Gobierno socialista de Felipe González y siendo Enrique Múgica ministro de Justicia (que era el departamento del que antes dependían las prisiones), se apostó por la dispersión como medida para dividir el frente de makos (cárceles) de ETA. Hasta entonces los presos etarras estaban concentrados en las prisiones de Alcalá Meco (Madrid) y Herrera de la Mancha (Ciudad Real), desde donde mantenían su importancia dentro de la propia organización.
La dispersión situó en el centro de la diana de los terroristas tanto a los funcionarios de prisiones como a sus responsables. Prueba de ello fue el secuestro del funcionario Ortega Lara, el más duradero de la historia criminal de la banda con 532 días. También en 1996 ETA mató de un disparo en la nuca al hermano de Enrique Múgica, el histórico socialista vasco Fernando Múgica.
De Madrid hacia el Norte
«Todos los presos se encuentran ya en prisiones de Madrid hacia arriba, ya no hay ninguno en ninguna cárcel al sur de la capital», señala en un comunicado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que censura que se ponga fin a la política de dispersión sin exigir colaboración con la Justicia de los presos terroristas, cuando aún quedan más de 300 asesinatos por resolver.
Además, la AVT lamenta que el fin de la dispersión llegue con el traslado de Iñaki Bilbao, recordando sus declaraciones sobre que volvería a atentar. «La guerra se gana a tiros», decía en un documento para la izquierda abertzales que se le interceptó en 2016 en la prisión Puerto III (Cádiz) donde cumplía condena de 45 años por asesinato.
Según los datos de la Asociación de Víctimas, con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en junio de 2018 se impulsó un cambio de política penitenciaria que ha propiciado 247 traslados correspondientes a 201 etarras. Al País Vasco o Navarra se han aprobado 66 acercamientos, de ellos 13 por tercer grado y siete por enfermedad.
Son 96 los terroristas beneficiados por el cambio de prisión, acumulando entre todos 295 víctimas en 215 atentados. En este tiempo también se han aprobado 22 progresiones al tercer grado, pasando la práctica totalidad del resto al segundo grado o régimen ordinario, lo que permite solicitar permisos penitenciarios en cumplimiento de la legislación.
La AVT tiene contabilizado solo una docena de etarras que no han sido trasladados en los tres años en el poder de Sánchez, aunque todos ellos se encontraban ya o en el País Vasco o en cárceles situadas en la mitad norte. En el listado figuran nombres como el de Gorka Palacios, preso preventivo en Madrid. En cárceles madrileñas están también Natividad Jáuregui, José Ignacio Reta de Frutos e Iurgi Garitagoitia Salegui.