El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, propuso hoy a las Cortes la aprobación de una nueva ley para la institución y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que se adscribió al mismo en 2012 sin una norma específica que regulara el funcionamiento conjunto. Por ello, ofreció al parlamento asesoramiento en el próximo periodo de sesiones para avanzar hacia un nuevo instrumento legal.

Sánchez de Vega, que compareció ante la Comisión de Presidencia de las Cortes para presentar la Memoria Anual de 2019, señaló que la doble condición de los consejeros podría entrañar alguna duda jurídica si tuvieran que pronunciarse en el ámbito del Consultivo y, posteriormente, como miembros del Tribunal, por lo que consideró necesario hacer cambios en la normativa.

Además, pidió en declaraciones recogidas por Ical renovar la regulación de su funcionamiento, tanto sobre los acuerdos, como sobre la imposición de multas, y apuntó que se podría permitir la docencia de los consejeros, como ocurre en el Consejo de Estado. También pidió más autonomía para su organización interna, pese a la adscripción a las Cortes, para poder decidir sobre la relación de puestos de trabajo o su actividad interna.

Sánchez de Vega valoró la consolidación de la institución y destacó el esfuerzo de difusión del Consejo, el cumplimiento riguroso de sus obligaciones en materia de transparencia y la apuesta por la información sistematizada de su doctrina -dictámenes y resoluciones-.

Además, el presidente sostuvo que el aumento de la actividad confirma que cada día “hay más necesidad” de Consejo Consultivo. Por parte de las administraciones, señaló que ven en el Consultivo una importante garantía jurídica para los procedimientos y los actos administrativos. Por parte de los ciudadanos, indicó que perciben “cercanía” y “rapidez” en los dictámenes en la protección de sus derechos.

El presidente del Consultivo destacó tres aspectos de la actividad de la institución con sede en Zamora, donde precisó el COVID-19 frenó la apertura a las visitas de los restos arqueológicos encontrados. En primer lugar, subrayó la rapidez con la que se emiten los dictámenes y resoluciones a pesar del incremento de la actividad; la autoridad dado que las decisiones de las administraciones consultantes se toman en casi un 96 por ciento y en tercer lugar, la escasa litigiosidad que provocan las resoluciones del Tribunal.

Agustín Sánchez de Vega subrayó la utilidad del portal web con más de dos millones y medio de visitas el pasado ejercicio y remarcó que durante el estado de alarma se mantuvo con cierta normalidad su funcionamiento. Así, expuso que se emitieron durante ese periodo casi un centenar de dictámenes, la resolución de 34 recursos y la aprobación del Código Ético y de Austeridad, convirtiéndose el Consejo Consultivo en la primera institución propia en contar con este instrumento. 

Actividad

El Consejo Consultivo de Castilla y León efectuó 622 dictámenes, un 12 por ciento más que el año anterior, y 215 resoluciones del Tribunal contractual, un 66 por ciento superior a 2018. Además, durante el estado de alarma reflejó casi un centenar de resoluciones y 34 recursos por importe de 245 millones, que contabilizarán ya en informe de 2020.

Además, emitió el pasado año el 82 por ciento de sus dictámenes en el plazo de 14 días hábiles sobre los 20 días que le marca la ley y en el 96 por ciento instituciones consultantes siguieron las recomendaciones de la institución, que se caracteriza también por una baja litigiosidad en su función pública contractual.

También, 148 dictámenes, de los 622 emitidos, corresponden a sanidad (30 por ciento) y 151 a aspectos del área local, como daños en aceras, calles o mobiliario (31 por ciento). Precisamente, el 51 por ciento fueron pedidos por las administraciones locales y el 48 por ciento por la autonómica, mientras que el 78 por ciento de ellos corresponde a responsabilidad patrimonial, petición individual del ciudadano que estima un incorrecto uso en los servicios públicos.

Por provincias, Valladolid fue la primera en número de solicitudes de dictamen con un 23,2 por ciento (136), seguida de León con el 21 por ciento (123); Burgos y Salamanca, con un 13 y 12,6 por ciento respectivamente, esto es, 76 y 74 solicitudes cada una; les sigue Zamora, con un 10,6 por ciento (62); Segovia con un siete por ciento (41); Palencia, con un 6,7 por ciento (39); Ávila, con un 4,3 por ciento (25); y Soria con un 1,7 por ciento (diez).

En el caso de la actividad en 2019 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León -el Consultivo de la Comunidad es el único en España que une la función consultiva y la contractual-, han sido 226 los recursos presentados, 215 los resueltos con la emisión de 195 resoluciones y su resolución media es de 29 días sobre los dos meses que marca la ley.

Además, solo se han solicitado 13 expedientes con la posibilidad de presentar recurso ante el Tribunal Superior de Castilla y León. Por otro lado, este órgano recibió tres sentencias judiciales sobre asuntos anteriores a la creación del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl), que emite en 29 días de media sus resoluciones, cuando lo puede hacer en dos meses.

Aproximadamente el 56 por ciento de los recursos presentados fueron dirigidos frente a contratos de servicios, siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación (42,48 por ciento), impugnándose mayoritariamente los contratos de servicios (56,64 por ciento) seguidos de los contratos de suministros (34,07 por ciento). La suma de los importes recogidos en los recursos presentados por el Tribunal alcanzó más de 1.550 millones de euros.