El Consejo General del Poder Judicial presentó ayer en el Ministerio de Justicia una batería de propuestas que sirven como plan de choque para agilizar los tribunales una vez termine el estado de alarma. El texto pone el foco especialmente en las jurisdicciones que, a priori, más van a sufrir una avalancha de procedimientos cuando pase la cuarentena, como la civil o la social, donde se engloban todas las materias laborales y mercantiles. Pero también recoge una serie de cuestiones a nivel general que han enfadado a otros colectivos, como es el caso de los abogados y los procuradores. Es el caso de la idea de hacer el mes de agosto hábil, lo que dejaría sin periodo vacacional a muchos profesionales, pero no a magistrados y funcionarios. 

La intención del Poder Judicial es adelantarse a futuras «colapsos». Para ello proponen además reforzar los órganos que resulten sobrecargados, establecer normas de reparto y especialización de los juzgados, o la resolución ordinaria de los procesos, entre otras.
Tanto letrados como procuradores consideran que las propuestas no han tenido para nada en cuenta su situación y consideran que han barrido para casa, especialmente con la idea de habilitar agosto. El decano del Colegio de Abogados de Burgos, Guillermo Plaza, recuerda que la mayoría son «despachos unipersonales en los que se está trabajando incluso ahora porque hay determinadas cosas que están pendientes». Es decir, ellos mantienen una actividad, mientras que otros trabajadores de justicia, como los propios magistrados o los funcionarios, no han podido por el estado de alarma. «Eso significa que podrán cogerse vacaciones en julio, agosto o septiembre, pero no nosotros», protesta. 

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