La Diputación Provincia de Burgos ha comenzado a tramitar el primer centenar de multas por no hacer uso de la mascarilla de aquellos municipios de menos de mil habitantes que han firmado el convenio de colaboración, 27 por el momento. Se cumple así un compromiso asumido en el pleno del pasado mes de enero, tras votar el equipo de gobierno a favor de una propuesta del PSOE, que se hizo eco del malestar de algunos alcaldes ante las dificultades administrativas y los problemas de convivencia que puede generar su gestión en aquellos ayuntamientos con menos recursos de personal.
El personal del Servicio de Asesoramiento Jurídico a Municipios (Sajuma) ha asumido esta labor en la primera fase, la más complicada porque no está automatizado, sino que resulta necesario crear los expedientes uno a uno, para después elevarlos a la plataforma electrónica (PTS) y entonces imprimir la notificación de denuncia en periodo de pago voluntario, explica el diputado Ramiro Ibáñez, que ayer informó en comisión sobre la puesta en marcha de este servicio.
«Supone más trabajo pero está involucrado todo el personal» del Sajuma, que no ha visto reforzada la plantilla, asume Ibáñez. No obstante, compatibilizan las competencias anteriores con esta nueva faceta y «consiguen sacar adelante unas 10 denuncias diarias», añade.
Aquellas denuncias que no se abonen de forma voluntaria y entre en periodo ejecutivo pasarán al Área de Recaudación, donde el procedimiento ya sí se encuentra automatizado, por lo que resultará menos gravoso para la plantilla de la administración provincial.
Los ayuntamientos que han formado el convenio de colaboración son: Hortigüela, Altable, Sotillo de la Ribera, Valluércanes, Pancorbo, Fresnillo de las Dueñas, Santo Domingo de Silos, Ciruelos de Cervera, Quintanilla del Agua y Tordueles, Cardeñuela Riopico, Pedrosa de Río Úrbel, Las Quintanillas, Orbaneja Río Pico, Coruña del Conde, Rubena, Cuevas de San Clemente, Santa Cecilia, Brazacorta, Covarrubias, Arandilla, Huerta de Rey, Villafruela, Estépar, Merindad de Cuesta Urria, Basconcillos del Tozo y Zazuar.
El caso de Medina. Existe otro ayuntamiento que ha solicitado adherirse a este convenio, Medina de Pomar. Al superar los 1.000 habitantes, la comisión acordó ayer solicitar un informe jurídico para fundamentar una decisión política. En principio, Ibáñez entiende que si abren la colaboración a los ayuntamientos más grandes se pueden ver «desbordados» por el trabajo, amén de entender que no puede existir «una administración paralela» a la municipal en la Diputación, por lo que se muestra partidario de excluir a aquellos consistorios que tengan los medios económicos, técnicos y jurídicos suficientes para asumir este tipo de tareas.
El Servicio Territorial de Sanidad se encargaba de la tramitación de las sanciones relativas al incumplimiento de las medidas de prevención de la covid-19 hasta que a finales de octubre la Junta de Castilla y León publicó un Decreto-Ley en el que atribuía a los ayuntamientos la gestión y abría la opción de que las diputaciones «prestarán la asistencia jurídica y técnica necesaria» a los municipios de menos de 1.000 habitantes. El Sajuma remitió a todos los ayuntamientos una serie de formularios tipo para que agilizaran este proceso, si bien muchos se han visto sobrepasados.