El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, admitió hoy que la desviación del déficit público hasta octubre es “elevada”, al situarse en el 0,88 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad, si bien señaló que el Ejecutivo actual de PP y Ciudadanos heredó en junio un 0,7 por ciento del anterior gobierno ‘popular’.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Igea se refirió a la evolución del déficit público de Castilla y León, que supera el límite establecido en el 0,1 por ciento. El vicepresidente de la Junta atribuyó la desviación a la insuficiencia del modelo de financiación autonómica, a la disminución de los ingresos, fruto de la ralentización económica, y a los pagos pendientes del Estado, por el IVA y otras transferencias.
En ese sentido, el portavoz del Gobierno autonómico admitió que le ha ido “mejor” a otras autonomías, si bien recalcó que sobre todo a las del régimen foral, por como se hizo el cálculo del cupo. No obstante, añadió que el actual Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco se hizo cargo de un déficit del 0,7 por ciento, a lo que se ha añadido en estos meses un 0,18 por ciento.
Por ello, el vicepresidente insistió en la necesidad de contar con un gobierno en España, al que pidió afrontar a la “mayor brevedad” la reforma de la financiación autonómica, puesto que argumentó el reparto actual de recursos no permite a Castilla y León cubrir los gastos de sus servicios públicos, mas aún al ser, según Igea, la segunda autonomía -por detrás de Asturias- que mayor porcentaje de sus presupuestos dedica al capitulo de los servicios públicos esenciales.
Al respecto, el portavoz apuntó que Castilla y León, la autonomía más extensa, recibe la financiación en función de su población y no de su superficie, lo que a su juicio incide en el montante de servicios como las carreteras, las telecomunicaciones o la sanidad. “Esto ha de ser tenido en cuenta”, sentenció Igea.
En la reforma del modelo, a través de la aprobación de una nueva ley, se podrá ver a su juicio el “compromiso” del PSOE de Castilla y León con un sistema que atienda la financiación de los servicios públicos de forma “adecuada”. Además, replicó a los socialistas que no pueden “quejarse de todo”, tanto del aumento del déficit, como de los servicios públicos, ya que añadió las “matemáticas son así”.
Francisco Igea se refirió al déficit tras el último Consejo de Gobierno del año, después de que este lunes se conociera que alcanzaba los 532 millones de euros en Castilla y León. Esto representa un incremento de 86 millones de euros respecto a septiembre, cuando la necesidad de financiación de Castilla y León se situó en 446 millones, el 0,73 por ciento del PIB. Además, la Comunidad cerró el mes de octubre en el año 2018 con un déficit de 64 millones, lo que equivalía al 0,11 por ciento del PIB, y de 49 millones de euros en octubre de 2017, el 0,09 por ciento del PIB.