El planeamiento urbanístico es también arma potente para luchar contra la despoblación, pero aquí están fallando, de nuevo, gobernantes y administraciones, especialmente esos ayuntamientos de la provincia que, amparándose en unas normas caducas, excesivamente restrictivas y lesivas, impiden, complican o retrasan sin razón la construcción de viviendas, explotaciones agroganaderas e incluso pequeñas empresas en el medio rural. Las trabas burocráticas, permisos, licencias... añaden así más piedras en ese arduo camino de fijar población y dinamizar económicamente el medio rural.

No estoy defendiendo, ni mucho menos incitando a que vuelvan a proliferar urbanizaciones ilegales, al incumplimiento de los planes de urbanismo o de las normas subsidiarias de esos pueblos -bastantes tropelías se cometieron en los años del boom inmobiliario-, solo a que se actualicen, que se modifiquen en lo razonable y se adapten a las nuevas circunstancias y exigencias impuestas por esa galopante despoblación que asuela la provincia. En ese empeño de tirar del carro y no poner más palos en las ruedas deben implicarse las administraciones públicas. Primero los ayuntamientos, tomando la iniciativa, pero también la Diputación y la Junta. 

Con las mismas o similares normas subsidiarias ocurre que pequeños pueblos, incluso pertenecientes al mismo municipio, han conseguido sumar urbanizaciones, crecer y ver cómo se rehabilitan sus caseríos. Por la contra, otros núcleos siguen estancados, aplicando una legislación que saben que es tremendamente restringente y, a veces, del todo absurda en aspectos como los de parcela mínima, costes de urbanización o mismamente cesiones de suelo...

Lo cierto es que en el camino se han quedado muchos sueños y proyectos rotos de personas que heredaron o compraron terrenos o casas con la idea de afincarse o emprender en el medio rural o simplemente construirse un merendero o levantar una pequeña caseta de aperos.

Lo dicho, urge una revisión de los planeamientos urbanísticos y de las normas subsidiarias. Es necesario legislar, pero también aplicar el sentido común y, sobre todo, agilizar los trámites y evitar que la burocracia, una vez más, frene esa urgente repoblación del medio rural burgalés.