El trabajador municipal detenido hace casi dos años por su presunta implicación en una trama de inmigración ilegal ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo en el departamento de informática, aunque la investigación continúa abierta. La causa permanece dentro de la fase de instrucción en el Juzgado número 2 de Miranda, donde aún se están recabando testimonios antes de elevar el procedimiento a juicio. Será entonces cuando se conozca si se le imputan cargos al empleado del Ayuntamiento investigado por alterar los datos del padrón a cambio de dinero para facilitar la obtención de permisos de residencia y ayudas sociales a personas extranjeras.
Tras destaparse los hechos solicitó unos días de vacaciones y posteriormente estuvo un tiempo de baja, pero ya ha vuelto a la actividad en el Consistorio de Miranda de Ebro a la espera del juicio, que se puede dilatar en el tiempo. Durante su ausencia el equipo de gobierno recurrió a una bolsa de trabajo para ocupar el puesto.
Las primeras noticias sobre el caso del padrón salieron a la luz pública a finales de 2017 aunque entonces la actuación policial llevó a la detención de un funcionario del Servicio de Atención Ciudadana, quien tras pasar la noche en Comisaría, fue puesto en libertad. De momento continúa vinculado a la causa aunque todo apunta a que será desligado de la misma porque no parece estar implicado en los hechos.
A partir de entonces se inició una investigación mucho más exhaustiva, revisando las bases de datos del Ayuntamiento en busca de pruebas y tomando declaración a varios funcionarios, algo que generó mucho revuelo entre la plantilla por la sensación de desconcierto al no saber lo que estaba pasando con exactitud.
Poco después el juez archivaba temporalmente la causa a la espera de analizar toda la documentación recabada, ante las sospecha de que los datos del padrón contenían fechas falsas anteriores a las reales. Las indagaciones para comprobar la veracidad de los hechos presentaron una gran complejidad por ser una trama de ámbito nacional que implicaba a un gran número de personas y por lo tanto requería la coordinación de cuerpos de seguridad de varias provincias.
Fue en el mes de junio de 2018 cuando se produjo la detención del informático, al que la Policía Nacional le acusa de haber alterado al menos medio centenar de certificados de empadronamiento y de percibir cerca de 2.000 euros por cada expediente. Junto al trabajador mirandés fueron detenidas un gran número de personas en otras ciudades ya que al parecer la red operaba en diferentes localidades y estaban implicados comisionistas, intermediarios e inmobiliarias que se encargaban de hacer contratos falsos de alquiler.
Según las pesquisas policiales una persona de origen marroquí era el encargado de contactar con personas extranjeras, la mayoría de su mismo país, que estuvieran en España de forma irregular. Posteriormente el trabajador municipal alteraba la fecha de empadronamiento, a cambio de una importante suma de dinero, para que dichas personas pudieran acreditar más tiempo de residencia en la ciudad del real y así optar más fácilmente a la obtención de los papeles.
Debido a la gravedad de los acontecimientos el Ayuntamiento decidió personarse como perjudicado en la causa, ya que lo que supuestamente se ha manipulado es documentación oficial. Como se explicó en su momento el motivo para personarse es obtener información de primera mano de las actuaciones judiciales que se están siguiendo.