Desde hace unos años a esta parte, el 6 de diciembre, la celebración de la Constitución española, ha adquirido un tono más bien nostálgico y melancólico en vez de suponer una exaltación, entusiasmo y fervor por un texto que rige nuestro destino dentro del Estado de derecho, después de que fue ratificado por aquel referéndum en diciembre de 1978 y que recibió un amplio respaldo por parte de la sociedad española.

No hay que olvidar que este texto se redactó a partir del consenso, tras complicadas negociaciones y acuerdos que llevaron a cabo diferentes partidos políticos con representación en el Parlamento. Y no es baladí recordarlo una y otra vez, después de que en los últimos tiempos estemos siendo testigos perpetuos de continuos ataques a la norma esencial sobre la que se rige nuestro destino. Poner continuamente en duda la legitimidad de este documento y situar en el debate público de forma recurrente la necesidad de reforma de la primera de nuestras leyes, que arrastra más de cuarenta años de historia, no hace sino debilitar la norma y hacer tambalear la estructura más básica del Estado.

Probablemente la Constitución tenga que ser sometida a una valoración y actualización llegado el momento, pero hay que tener en cuenta aspectos intangibles, como la oportunidad del momento y la paz sociopolítica, no menos importante para afrontar un proceso con ciertas garantías de respaldo social y ciudadano. Hasta el momento, son los tribunales y, de forma singular el Constitucional, quienes se están encargando de pivotar y sostener la Carta Magna frente a los sucesivos ataques y descalificaciones hacia lo que, pudiera parecer paradójico, constituye el sistema de derechos y libertades que sustenta nuestro día a día.

Existe una distorsión intencionada del discurso de la negociación, reforma y modernización de la Constitución por aquellos que quieren conseguir un estatus superior en un Estado de derecho, sin darse cuenta (o quizás intencionadamente) de que lo único que pueden conseguir es limitar esas libertades que ahora se convierten en un preciado y distinguido valor. Los representantes políticos debían adquirir más compromiso y exigencia en la protección al texto constitucional, que está tan bien armado que incluso sus excesos son, hasta un límite, permitidos por la propia ley.

Los preceptos de la Carta Magna son valores esenciales y más necesarios que nunca en nuestra sociedad actual, y se requiere un empuje de las fuerzas constitucionales sin titubeos para dar vigencia a nuestro actual sistema y seguir construyendo la democracia. Cualquier otro intento, sólo va a limitar y cercenar las libertades fundamentales, como bien saben los exaltados, radicales y extremistas que continuamente tratan de dejar fuera del marco de derechos y libertades a parte de la sociedad, lo que no es otra cosa que construir una especie de fascismo.