La lucha contra el cambio climático y contra el vaciamiento del mundo rural pasa por unos montes cuidados y bien trabajados. Burgos posee un gigantesco pulmón forestal de 476.000 hectáreas y, poco a poco, va dando pasos para un gestión sostenible de una buena parte de esa masa arbórea. Así lo corrobora el último informe de PEFCEspaña, la asociación que supervisa la Certificación de Gestión Forestal Sostenible, que ya ostentan el 65% de los bosques sostenibles en el mundo, y que constata un crecimiento del 17% en el uso de este sello en los últimos tres años en Burgos, hasta alcanzar las 159.015 hectáreas, un tercio del total provincial.

Burgos y Soria, por tradición en la industria forestal y maderera, son las provincias líderes en este ámbito a nivel de Castilla y León, una región que aglutina por su parte el 33% de la superficie certificada en España, lo que supone 742.475 hectáreas de los 2,2 millones existentes en el conjunto del país, que han crecido en 26.000 en el último año. Son datos muy positivos pero aún están muy alejados del grado de implantación de estas certificaciones en otros países europeos, como es el caso de Francia, que roza el cien por cien de sus bosques protegidos.

La mayor parte de los montes certificados en la provincia (153.059 hectáreas) tienen una gestión pública (por parte de la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos) mientras que 5.955 hectáreas pertenecen a 15 propietarios y gestores privados. En España 30.262 dueños de monte han dado este paso, 600 de ellos en 2018.

La certificación PEFC, explica la directora técnica Marta Salvador, garantiza que los bosques están gestionados de acuerdo a unos exigentes requisitos medioambientales, sociales y económicos. Asimismo, facilita el acceso de los productos madereros a un mercado cada vez más exigente en acciones de sostenibilidad ambiental y pone a disposición de los propietarios de diferente líneas de ayudas públicas.

«Obliga al dueño del monte a saber lo que tiene y a intentar mejorarlo de forma sostenible. Exige hacer un plan de gestión supervisado por Medio Ambiente por un periodo de 10 años, lo que redunda en una mayor preocupación por el monte y, a su vez le otorga un valor añadido», explica Ana Belén Rodríguez, ingeniera de montes de la Asociación Forestal de Burgos (Asfobur). En este colectivo, que reúne a cerca de 450 dueños privados y públicos de la provincia, los planes de gestión ya se realizan cumpliendo los requisitos de la certificación PEFC, aunque no se haya solicitado por parte de sus dueños.

El beneficio es, como todo lo relacionado con los árboles, a largo plazo, pero existe y hoy, en plena debacle climática es más necesario que nunca. Queda mucho recorrido en la concienciación del consumidor, pero al final, la madera certificada -en el mango de un tenedor o en la viga de un palacio de congresos- se demandará más y se pagará. En su momento, reflexionan los consultados, se analizarán las etiquetas de los productos de madera o sus derivados (cosméticos, por ejemplo)al igual que ahora se hacen con la de los alimentos saludables o los que utilizan aceite de palma, cuyo cultivo supone la destrucción de millones de hectáreas de bosque.

La compra responsable, señalan desde PEFCEspaña, ya está siendo incentivada por los grandes operadores. Por ejemplo, la cadena de bricolaje Leroy Merlin mantiene un compromiso de compra de madera sostenible que alcanza al 75% de los productos que comercializan, compromiso que se visibiliza en los etiquetados.

DIFICULTADES. El 12% de la superficie arbolada en España está certificada. De los 2,2 millones de hectáreas, el 46% corresponde a superficie donde prospera el pino (Pinus sylvestris y Pinus pinaster); un 11% a los robles y las hayas, respectivamente; un 8% a las encinas y un 6% a los eucaliptos. Alcornoques y chopos aglutinan un 4% y un 1%, respectivamente.

Pero el crecimiento de la certificación no lleva el mismo ritmo que el de la demanda final. «Es difícil planificar los montes en zonas que no son especialmente productivas, con rentabilidad baja y cuyo aprovechamiento se realiza cada muchos años», detalla Marta Salvador.

A diferencia de Europa, donde el asociacionismo forestal goza de gran tradición y es fomentado por ley, en España abunda una planificación escasa, una estructura de la propiedad forestal muy diseminada y una problemática diferente en función de cada comunidad autónoma (en Galicia, por ejemplo, el 98% de la superficie forestal es privada y se reparte en parcelas de menos de 3 hectáreas por dueño).
En Burgos hay una larga tradición forestal, especialmente en la zona de Pinares, pero su enorme riqueza arbórea se reparte entre más de 120.000 propietarios, la mayoría de los cuales -personas físicas o jurídicas- integran sucesivas generaciones de herederos e incluso desconocen esta condición. Para ellos el bosque no existe y permanece olvidado.

(Artículo completo en la edición de hoy)