Algunas de las secuelas que sufren las víctimas del atentado de ETAcontra la casa cuartel de Burgos afloran años después de los hechos. La Audiencia Nacional ha condenado al Estado a pagar un tratamiento dental -valorado en casi 8.000 euros- a una mujer que se hallaba en las dependencias de la Benemérita de la avenida de Cantabria aquel fatídico 29 de julio de 2009. El estrés postraumático que sufrió tras el ataque derivó con los años en bruxismo -acto de apretar la mandíbula-, lo que desgastó varios dientes y muelas que ha tenido que arreglar. El Ministerio del Interior -la Dirección General de Apoyo a las Víctimas de Terrorismo- se había opuesto a la petición de ayuda económica, pero los jueces dan la razón a la afectada.
La representación legal de la mujer presentó recurso contencioso administrativo después de que  el Estado rechazara en marzo de 2017 abonarle los gastos médicos, con el argumento de «falta de prueba de nexo causal entre su bruxismo y el atentado de ETA», pues no aportaba informes de asistencias clínicas relativas a su problema dental en el periodo entre 2009 y 2016. En su reclamación ante la Audiencia Nacional la afectada alegó que sufre trastorno de estrés postraumático y advirtió de que la Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo y de Atención Ciudadana elaboró un «informe médico evaluador arbitrario, sin analizar toda la prueba documental que aportó».

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