Más de dos años después de que el Gobierno anunciara el cese definitivo de la actividad de Santa María de Garoña, la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, Enresa, acaba de dar un nuevo paso hacia su desmantelamiento, que costará 895.500 euros. Hace pocos días ha hecho públicas las condiciones de contratación de una ingeniería que deberá realizar todos los estudios y cálculos necesarios para confirmar si la capacidad del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Garoña, construido desde 2017, es suficiente para albergar sus 2.505 elementos combustibles irradiados y otros residuos especiales de alta actividad radioactiva o si, por el contrario, precisa de modificaciones para aumentar su capacidad de almacenamiento.

La empresa, que se haga con este contrato deberá diseñar esas modificaciones, en caso de que sean necesarias, y además tramitar ante el Gobierno y el Consejo de Seguridad Nuclear las preceptivas autorizaciones. Enresa calcula que este proceso durará dos años y medio y tras él llegarían los trabajos físicos para adaptar el almacén, en caso de ser necesario. No obstante, Enresa dará a la empresa elegida un plazo de solo tres meses, a partir de la firma del contrato, para presentar ante el Gobierno la solicitud de autorización de puesta en servicio del ATI, esta vez, para albergar los 49 contenedores necesarios para su combustible, ahora depositado en la piscina del edificio del reactor, además de un máximo de seis más para residuos especiales y que procederán del desmantelamiento.

El actual almacén de Garoña solo cuenta con autorización para un máximo de 10 contenedores, dado que la petición inicial para su puesta en servicio se hizo hace más de un lustro pensando solo en aliviar la piscina de combustible y sacar de ella el suficiente combustible como para cumplir las medidas de seguridad impuestas tras el grave accidente nuclear ocurrido en 2011 en Fukushima (Japón). Sin embargo, tanto desde el propio Consejo de Seguridad Nuclear como desde Nuclenor han defendido en diferentes foros que la instalación actual, una superficie pavimentada con hormigón de 5.200 metros cuadrados y dos losas sísmicas de 800 metros cada una, está dimensionada y acondicionada para los 55 contenedores que son necesarios. 

Enresa admite que dos cuestiones básicas deben ejecutarse en la fase de preparación del desmantelamiento, una es la adaptación o ampliación del almacén de Garoña para alojar todos los contenedores necesarios y la otra, adquirir todos los contenedores, un paso que aún no ha dado. De hecho, lleva más de un año señalando a este periódico que "la contratación de los contenedores para el combustible gastado de Garoña está en proceso de tramitación interna", pero aún no se ha hecho pública para que concurran las empresas interesadas.

El calendario de Enresa pasa por presentar de forma conjunta en el primer semestre de 2020 tanto la solicitud de autorización de una primera fase del desmantelamiento de Garoña como la solicitud de modificación de diseño de su almacén. El objetivo que se ha marcado es lograr que el Gobierno autorice la modificación de diseño para la puesta en servicio del almacén en el último trimestre de 2021 y después destinar otro año más al licenciamiento por parte del CSN.

a partir de 2022. Los planes de Enresa pasan por comenzar una primera fase del desmantelamiento en 2022 e iniciar en ese mismo año las tareas de llenado de los contenedores de combustible y su posterior depósito en el almacén. Mientras tanto, Nuclenor colabora con Enresa en las tareas preparatorias del desmantelamiento, que en su primera fase, con una duración de tres años, se centrarán en el edificio de turbinas, un espacio completamente separado del edificio del reactor, donde se realizarán las complejas tareas de descarga del combustible. La segunda fase del desmantelamiento está previsto que dure 7 años más.

En la actualidad, Nuclenor realiza con el apoyo de empresas subcontratadas el inventario físico y radiológico, así como la caracterización radiológica del edificio de turbinas. Asimismo ejecuta tareas preparatorias previas a la retirada del amianto existente en tuberías y equipos del mismo edificio de turbinas, que se materializará ya en el desmantelamiento. En Garoña trabajan 113 empleados de Nuclenor y una media de 160 más de empresas subcontratadas, 273 en total.