La pasada semana, la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera manifestó en Miranda de Ebro que había encargado a la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa)«acelerar los planes de desmantelamiento de Garoña». DB ya pudo saber en enero que efectivamente el Ministerio, Enresa y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)estaban «discutiendo la estrategia para minimizar los tiempos». Tras las manifestaciones de  la ministra, DB preguntó por los plazos que se manejan y la respuesta de Enresa ha sido que, si se cumplen los planes trazados, la firma pública «podría iniciar a mediados de 2021» , el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. Mientras, Enresa colabora con Nuclenor en las actividades preparatorias del desmantelamiento.

La estrategia para minimizar los tiempos ya se ha fijado y pasa por ejecutar los trabajos en dos fases, una primera fase de tres años de duración, establecida entre 2021 y 2024, y una segunda fase de siete años más, que se extendería hasta 2031. Con este modus operandi, se busca reducir «de uno a dos años y medio el plazo de desmantelamiento», como explican desde Enresa, que inicialmente lo situó en el entorno de los doce años.

A finales de marzo, Enresa adjudicó por 10,4 millones de euros la redacción de los trabajos de ingeniería que diseñarán el desmantelamiento. Catorce profesionales de la UTE formada por Westinghouse, Electric Spain, Naturgy (antes Gas Natural)e Idom realizarán este trabajo técnico en el plazo de cinco años. Aunque esta adjudicación está en suspenso temporalmente hasta que se resuelva el recurso interpuesto por la UTE que formaron Iberdrola y dos empresas más y que está en desacuerdo con la decisión de Enresa.

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