El futuro que tienen la mayor parte de las plazas destinadas a la contratación de investigadores del programa Ramón y Cajal es que se pierdan». Así de claro se muestra el vicerrector de Personal Docente de la Universidad de Burgos, José María Cámara, respecto a las vacantes que están obligadas a reservar las instituciones académicas dentro de sus ofertas públicas de empleo. Representan en todos los casos el 15% de la tasa de reposición y el campus local ‘guarda’ desde 2015 catorce puestos fijos para los que asegura no encontrar candidatos.
Cámara habla de «anacronismo» a la hora de explicar esta situación. Las ayudas a la contratación de estos científicos de excelencia fueron creadas por parte del Gobierno central en el año 2001 con el propósito de «fortalecer la capacidad investigadora de grupos e instituciones mediante la incorporación de científicos con una trayectoria de calidad», tal y como recogía el Ministerio de Ciencia e Innovación en un informe sobre los diez años de su existencia.
«Las condiciones son muy buenas, con un contrato de cuatro años y un compromiso de contratación por parte de la universidad a la que se incorporan», precisa el vicerrector, añadiendo que, además de la ayuda que reciben los beneficiarios, la institución de destino obtiene otros 100.000 euros para el mantenimiento de esa plaza de carácter permanente. Todo eran ventajas hasta la llegada de la tasa de reposición en 2010, que inicialmente fue del 10%, con lo que la capacidad para convocar esos puestos era prácticamente nula. «Ahí entró en conflicto la regulación del momento con los compromisos de contratación que las instituciones tenían firmados», explica.
La solución que se adoptó entonces, según agrega el responsable académico, fue la de fijar una cuota del 15% en esa tasa de reposición para incorporar a estos investigadores. Sin embargo, ese porcentaje que antes no se notaba ahora ya tiene un «peso significativo» al haberse incrementado las posibilidades de convocar vacantes fijas hasta el 100% de las quedan libres por jubilación. Y mientras esto ocurría, Cámara subraya que «no ha aumentado de la misma forma el número de investigadores del programa, lo que hace difícil poder captar a alguno».
Atendiendo a todas circunstancias, la UBU lleva reservadas a este fin 14 plazas desde 2015, habiendo perdido ya la de ese ejercicio al transcurrir los tres años de tiempo que hay para convocarlas desde su publicación en el BoletínOficial de Castilla y León. En el año 2016 fueron dos, las mismas que en 2017, incrementándose hasta cinco el pasado ejercicio y cuatro este.
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