La entrada en vigor el próximo 12 de mayo del Real Decreto-ley 8/2019 que, entre otras medidas, establece el registro obligatorio de la jornada de trabajo ha generado «inquietud» e «incertidumbre» en la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas burgalesas, más de diez mil, que aún no cuentan con un sistema de control de las horas que realizan sus trabajadores. La medida, aplaudida por los sindicatos, que la consideran útil para «desenmascarar» fraudes, se ve como «innecesaria» desde la patronal, que cree que «aumentará la carga administrativa» de las compañías y, además, «no va a mejorar su productividad ni su competitividad».  

«Muchas veces no se controla el horario porque no se quiere ver lo que hay detrás. Habitualmente hay contratos, muchos a tiempo parcial, con jornadas larguísimas y eso no se puede permitir. Ya es hora de que lleguen estas cosas», valora Ángel Citores, secretario provincial de CCOO, que no acepta excusas en su implantación. «Podemos buscar todas las pegas que queramos y decir que es imposible, pero no es así. Hay empresas que son capaces de controlar dónde están estacionados sus vehículos... ¿pero no de controlar la jornada de sus trabajadores? Es complicado creérselo», incide.

Su homólogo en UGT, Pablo Dionisio Fraile, ve «absolutamente necesario» que las empresas cumplan con lo establecido en el citado Real Decreto de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo porque «nos va a servir de mucho para controlar las horas extraordinarias y las jornadas que se hacen y definir quién está en fraude de ley y quién no».

«Allí donde nos enteremos de que no cumplen con el registro, tendremos que denunciarles a la Inspección de Trabajo», advierte Citores, mientras que Fraile cree que las empresas «se pondrán manos a la obra», de lo contrario, «las sanciones son bastante duras». Entre los 626 y los 6.250 euros oscilan las multas por no registrar la jornada a diario y mantenerla durante cuatro años.

«Esto no aporta nada. Son más cargas administrativas por el tiempo y las personas que hay que destinar a controlar el registro horario. Igual que la CEOE, creemos que no ayuda a mejorar la competitividad ni a ser más eficientes ni a crear empleo», opina Emiliana Molero.

La secretaria general de FAE Burgos, además, aconseja a los partidos políticos, justo un día antes de las elecciones generales, que «antes de legislar realicen un informe económico del coste para las empresas de la implantación de una nueva normativa» porque esto, dice Molero, «lo único que va a suponer son más gastos».

El objetivo del Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de marzo y publicado en el BOE cuatro días más tarde pretende, entre otras cosas, acabar con las horas extra sin pagar, que en la provincia fueron 24.600 en el último trimestre de 2018, según datos del INE recogidos en la EPA, lo que se traduce en un ahorro de más de 500.000 euros.

«Cada hora extra que no se cobra es un fraude a la Seguridad Social, a Hacienda, a los trabajadores, a las pensiones y a todo el sistema», denuncia Ángel Citores, que pide a los partidos políticos que «acaben con la corrupción laboral».