El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada un nuevo paquete de medidas económicas y sociales para tratar de aligerar la carga económica a la que los ciudadanos tienen que afrontar durante el confinamiento por culpa de la expansión del Covid-19. Estos nuevos impulsos vienen recogidos en el Real Decreto-Ley11/2020, y entre ellos destaca la moratoria automática en el pago de la renta a inquilinos en situación de vulnerabilidad y cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda -tanto público como privado y con más de diez inmuebles-. Según la Cámara de la Propiedad Urbana de Burgos, del total de los alquileres que se encuentran actualmente activos apenas un 2% corresponde a empresas, fondos de inversión, Socimis o entidades bancarias, y el aplazamiento se prolongará mientras dure el Estado de Alarma o mientras continúe la fragilidad de la economía de las familias por un máximo de cuatro meses. Una vez superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses.
En el 98% de los casos restantes, los contratos de alquiler corresponden a individuos a título personal, que en algunos casos tienen en ese pago mensual buena parte de sus ingresos. «La renta hay que pagarla, no se puede estar trasladando los problemas a otro particular.Si se resuelve a uno se le pasa al otro...», admite José Muñoz, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Burgos, que ha recibido numerosas consultas telefónicas estos últimos días como consecuencia de la transferencia de la renta, tanto de inquilinos como de arrendadores. Con el medio centenar de directrices decretadas por el Gobierno, aquellos ciudadanos que no puedan hacer frente a esos pagos podrán acudir -si no se acuerda una quita o una moratoria con su casero- a una serie de ayudas o líneas de crédito estatales a coste cero, cuyo importe, que cubrirían hasta 6 mensualidades, sería de unos 100 millones de euros.
«Reconduciremos al inquilino a solicitar los créditos si no se alcanza un acuerdo, evitando así que sufra una quiebra económica el casero», indica Muñoz, que confiesa que «temía unas medidas bastante peores, pero parten de la sensibilidad de la situación en España», donde el porcentaje de arrendatarios a título particular es del 85% frente al 15% de grandes fondos, especialmente en inmuebles situados en grandes ciudades como Madrid o Barcelona o en localidades de la costa del Mediterráneo.
tramitación complicada. El gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Burgos alerta sobre posibles complicaciones derivadas de la gestión de las ayudas y solicitudes de líneas de crédito, ya que augura una gran demanda en todo el territorio nacional. «Si esa burocracia y papeleo se hace de manera ágil y eficaz no habrá problema, pero si se demora en el tiempo causará complicaciones tanto al inquilino como al propietario, con el agravante de que los procedimientos de lanzamiento y desahucio puedan quedar en suspenso durante 6 meses», admite José Muñoz.
Desde CaixaBank, con 800 viviendas de alquiler social, la mayoría de ellas en Burgos, anunciaron que pondrán en marchas medidas como la condonación de la mensualidad de renta de abril.Este procedimiento estará en vigor hasta el mes en que se decrete la finalización del periodo de alarma si el mismo tuviese que extenderse más allá de abril de 2020. La medida va dirigida a aquellos arrendatarios de una vivienda de BuildingCenter que se hayan quedado sin empleo, sufran una suspensión del contrato o una reducción de jornada por fuerza mayor (ERTE total o parcial) o sean autónomos con un cierre del negocio una caída del 40%.