La secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, ha acusado a la Diputación Provincial de Burgos de incumplir con los 230 pueblos de menos de 20.000 habitantes que le confiaron en el pasado abril la adquisición, mediante copago, de mascarillas FFP2. Una oferta que les lanzó a principios de abril y que se ha materializado mal y tarde, porque el reparto se inició ayer, en plena desescalada y sin la cantidad ni calidad acordadas.
Según explica en un comunicado de prensa, los ayuntamientos no han recibido en esta primera entrega del 70% ni la mitad de las FFP2 que pidieron y, además, cuando han abierto el pedido se han encontrado con mascarillas quirúrgicas, que se corresponden con el lote de 17.800 que el Gobierno de España envió a la Diputación para que las repartiera de manera gratuita entre las entidades locales del medio rural.
“Un caos y una auténtica estafa”, lo ha calificado Peña, quien ha invitado a la Junta de Castilla y León y a la Diputación a “despertar” y aportar recursos propios, como está haciendo el Gobierno, con 600.000 euros que llegarán a la Comunidad para Sanidad y que la parlamentaria socialista ya propone que se inviertan en profesionales, “que han demostrado que son una inversión segura”, y en pagarles el ‘complemento de productividad Covid19’ cuanto antes, prorrogar los contratos que han realizado durante la epidemia y recuperar los derechos perdidos por los sanitarios en los últimos años.
En este aspecto, el procurador socialista por Burgos Jesús Puente, que ha acompañado a Peña en la comparecencia, ha señalado la incertidumbre entre el personal que la Junta contrató por la emergencia y la concatenación de contratos que se está produciendo. También ha insistido en que “este es el momento de reforzar y mejorar las contrataciones” de sanitarios, en lugar de prescindir de ellos, como dice, está ocurriendo ya con algunos que entraron como refuerzo.
Necesario refuerzo de la sanidad. También espera que esta emergencia sanitaria sirva para la reflexión en cuanto a la nueva organización del área de Atención Primaria en el medio rural que proyectaba la Junta antes del coronavirus y los recortes que implicaba en un entorno en el que las plantillas de médicos y enfermeras presentan ya graves carencias.
“Exigimos desde el PSOE la adopción urgente de medidas en previsión de que sean los centros de Atención Primaria los que se encarguen en las próximas semanas del control, seguimiento y prevención de la Covid-19, para lo cual es necesario poner ya mismo en marcha los mecanismos de contratación de personal sanitario y equipamientos precisos, además de la dotación de material de autoprotección, guantes, mascarillas, batas y test de diagnóstico, para evitar que se repitan las secuencias de falta de equipos de protección denunciadas por los sanitarios en Burgos”, ha añadido Peña.
Puente ha insistido en que la crisis no concluirá con el último ‘paciente Covid’, porque después habrá que recuperar el resto de la actividad asistencial y “las listas de espera están disparadas”, por lo que invita también a la abordar “los problemas estructurales que tenemos a nivel de personal sanitario”.
Relajación en la prevención y problemas con las mascarillas. Según ha dicho, además, se ha detectado cierta relajación de la prevención durante estos días y ha defendido un cambio en el protocolo de reparto de EPIS entre el personal del HUBU, para que se realice en función de su tarea, en lugar de su categoría profesional, porque no sería de recibo, ha dicho, que los celadores, por ejemplo, no dispusieran de esta protección.
Y, hablando de protección, ha anunciado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León para interesarse por las mascarillas defectuosas que la Junta adquirió y repartió entre toda las provincias. Una incidencia que tiene precedentes, como ha recordado Esther Peña, puesto que ya tuvieron que retirarse las que esta administración entregó a los ayuntamientos de Burgos (400), Miranda (300) y Briviesca (100).