El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Burgos ha archivado el proceso abierto tras la denuncia sobre el decreto de firmado por la alcaldesa de Aranda en abril de 2022 por el que se anulaban las vacaciones de los profesionales del servicio municipal de bomberos. La administración local dio marcha atrás en este posicionamiento dos meses más tarde, circunstancia que en el auto se justifica en que "con posterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo, la administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante".

A pesar de lo aséptico del auto, en el que el juez no entra a valorar la causa ni condena a costas a la parte demandada, los delegados sindicales del servicio de extinción de incendios consideran que "el Ayuntamiento de Aranda ha reconocido de forma expresa ante el juzgado Contencioso Administrativo, la ilegalidad del decreto", calificándolo de "una medida política que se tomó como represalia por la negativa de los profesionales a realizar horas extras, como protesta ante la nula capacidad de negociación y diálogo demostrada por el Ayuntamiento para solventar la precariedad de medios y personal que vivía (y vive) el parque arandino", apuntan en una nota de prensa.