La Dirección Provincial de Educación ya se había dirigido de manera informal a la Fiscalía de Menores para expresar su «preocupación» por el alza del absentismo en el presente curso por culpa de la pandemia. El siguiente paso para tratar de erradicar este fenómeno ha sido una reunión a dos bandas entre el ministerio público y la comisión de seguimiento que se ocupa de este asunto en Burgos, en las que se han puesto las bases para establecer los criterios de actuación ante este incremento de casos, que además ya tiene cifras. Según los cálculos comunicados a la Fiscalía, ha aumentado un 40% en el último año.

En el primer trimestre del presente curso la Dirección Provincial no había enviado ningún expediente al ministerio público, pero «empezará a hacerlo en las próximas semanas», de manera que la Fiscalía ya podrá actuar para hacer entrar en razón a las familias que no llevan a sus hijos al colegio. Según explica el fiscal delegado de Menores, José Fernández, en algunos casos «el coronavirus se ha sumado a las excusas tradicionales de algunos padres para no enviar a clase» a los chavales. Es decir, no es que exista un movimiento muy generalizado de padres que estén dejando en casa a sus hijos por verdadero temor a la infección. Pero el hecho es que los casos aumentan y hay que intervenir. Hay que recordar que los progenitores que reiciden pueden enfrentarse a penas incluso de cárcel.

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