La Junta destina otros 3,2 millones a las ayudas al alquiler

SPC
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La orden será publicada el miércoles en el Bocyl para proceder al abono las próximas semanas

Imagen de archivo de una vivienda en alquiler. - Foto: Miguel Ángel Valdivielso

La Junta destinará 3,2 millones de euros para abonar en las próximas semanas, una vez publicada la orden el 26 de junio en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la última convocatoria de 2018 para ayudas al alquiler de viviendas a 1.865 familias. Un número de personas que estaban en lista de espera, después de haberse agotado la partida, lo que obligó a la administración autonómica a aprobar un pago complementario. De esta manera, la Consejería habrá desembolsado un total de 18,5 millones de euros entre 11.857 familias de la Comunidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el director de Comunicación de la Junta en funciones, Alejandro Salgado, señaló que el primer pago de 12,8 millones llegó a 8.454 personas de Castilla y León, beneficiarias de la última convocatoria de ayudas al alquiler de 2018 tras cumplir los requisitos, lo que supuso una media de 1.516 euros por familia. Posteriormente, a principios de junio, se abonaron 2,3 millones entre 1.458 solicitantes que quedaron en lista de espera.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, informó hoy al Consejo de Gobierno, que ya ha firmado la orden que se publicará el próximo miércoles en el Bocyl, que pondrá fin a la convocatoria de ayudas al alquiler del año pasado. De esta manera, todas las personas que solicitaron ayudas y cumplieron con las condiciones percibirán su ayuda.

La Junta de Castilla y León convoca anualmente estas ayudas al alquiler con el objetivo de facilitar el pago de la renta a aquellas las familias con menos recursos económicos -menos de tres veces el IPREM- de los alquileres que se hayan abonado a lo largo de 2018. Estas subvenciones cubren el 40 por ciento de la renta mensual, excepto en el caso de menores de 35 años y mayores de 65, en cuyo caso asciende al 50 por ciento del precio del alquiler. Además, la renta pagada no puede superar un máximo que depende del municipio: desde 375 euros en el medio rural hasta 500 euros en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid.


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