Patronal y sindicatos, dos de las tres patas que conforman el Diálogo Social en la Comunidad, echaron atrás la propuesta de la Junta de Castilla y León y de su consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, de abrir el modelo concertado a otras organizaciones autonómicas, y que supone un punto más en la escalada de tensión entre el Ejecutivo regional y los agentes económicos y sociales. Un rechazo que se materializó con la votación en contra por parte de las organizaciones sindicales y empresariales que forman parte del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, UGT, CCOO y Cecale, al plan de crear cinco comisiones especializadas para el estudio e impulso de materias específicas objeto de negociación en el seno del Diálogo Social. Esta negativa se produce después de varios meses de tensión en el seno del modelo de concertación y con varios cruces de acusaciones entre patronal y sindicatos, y la propia consejera, y que llevaron este martes a los agentes sociales a tildar de «ocurrencia» la propuesta de las comisiones. Una decisión que, según trasladó la Junta a través de un comunicado, constituye para la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, la pérdida de «una oportunidad para enriquecer y fortalecer el Diálogo Social».
Antes de la reunión, la consejera había pedido a patronal y sindicatos, –de los que necesitaba su aprobación para sacar adelante las comisiones al ser necesaria la unanimidad en la Comisión Permanente del Diálogo Social– su apoyo para «facilitar y canalizar» la participación de nuevos actores en el diseño de las políticas económicas y sociales de Castilla y León, dando «voz» a colectivos y organizaciones «con conocimiento y experiencia directa» en las distintas materias, especialmente en aquellas que por su particularidad requieren de «un contacto más directo con la gestión».
En concreto, se plantearon las comisiones de economía social y autónomos, formación y empleo, industria y servicios, digitalización y economía verde y recuperación e crecimiento empresarial. Unas áreas que, según la Junta, son en las que «debe sustentarse gran parte de la recuperación económica» y cuya planificación y desarrollo serán «claves» para mejorar el tejido productivo, fortalecer el sector empresarial y crear empleo.
La Consejería de Empleo e Industria hizo un llamamiento a las organizaciones sindicales y empresariales para que analicen «con generosidad, responsabilidad y altura de miras» la propuesta que rechazada que permitiría «enriquecer y fortalecer» el Diálogo Social, y sobre todo mejorar el diseño de las políticas económicas y sociales en beneficio de todos los castellanos y leoneses.
Amigo consideraba «razonable y necesario», especialmente en estos momentos, atender el planteamiento de numerosos colectivos que pedían tener «voz» en el diseño de planes y estrategias que la colaboración y la implicación de todos son «fundamentales» para «la recuperación, el crecimiento económico y la creación de empleo».
«Se trata de implicar a más actores»
Antes de consumarse la negativa de los agentes sociales a la creación de las cinco comisiones especializadas, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, aseguró que el objetivo que persigue la Junta con ellas no se resta capacidad de decisión a Cecale, CCOO y UGT. Así lo explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que subrayó que no hay una propuesta de modificar la ley del Consejo de Diálogo Social, cuyos componentes son la Junta, Cecale, CCOO y UGT, sino de desarrollar su artículo cinco que regula la constitución de comisiones especializadas con el objetivo de una mayor participación para una toma de decisiones «más eficaces y eficientes».
En este sentido, se plantearon las comisiones de economía social y autónomos, formación y empleo, industria y servicios, digitalización y economía verde y recuperación e crecimiento empresarial con el objetivo de que el Consejo del Diálogo Social lo conozca y tome la decisión.
«La consejera no puede introducir a dedo a organizaciones que no son representativas»
El secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT, Raúl Santa Eufemia, que tildó la reunión de «continuo toma y daca», señaló en declaraciones a Europa Press, que los integrantes del Diálogo Social «ni cierran ventanas, ni abren puertas» a la participación de otros actores, sino que se han ceñido a la normativa y la Ley para rechazar esta propuesta. «Hay muchos agentes que pueden hacer mucho por Castilla y León, donde hay una gran concertación y buena salud de diálogo, pero para eso ya existen mesas, climas y ámbitos paralelos a un Diálogo Social que está muy marcado por la Ley», apuntó.
En la misma línea, el secretario de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de CCOO, Saturnino Fernández, acusó a Amigo de «desoír tanto al Parlamento como al Diálogo Social con una propuesta que incluso puede tacharse de alegal». «No la compartimos por ser una proposición inoportuna y querer dar juego no se sabe muy bien a qué», aseveró Fernández, quien recurrió al símil futbolístico para simplificar su postura: «Es como si el Gobierno dictamina que un equipo que no se ha clasificado vaya a la Champions».
De esta comparación se valió para explicar que «hay que estar legitimado para participar en el Diálogo Social y que la consejera no puede intentar introducir a dedo a organizaciones, entidades y personas expertas que no son representativas de nadie».
Por su parte, el secretario general de Cecale, David Esteban, ha recalcado que «no hay que institucionalizar algo que, además, no tiene cabida en el actual modelo del Diálogo Social», lo que, sin embargo, no quita para que se fomente la participación de otras entidades a través de comisiones o jornadas.