Sacyl pagará 430.000 euros por no activar el código ictus

P.C.P
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Acudió a Urgencias del Hospital Santiago Apóstol en 2013 y tras serle diagnosticado un accidente isquémico transitorio fue dado de alta. Por la tarde sufrió un ictus agudo con graves secuelas

Hospital Santiago Apóstol Santiago Apostol - Foto: Óscar Casado

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León tendrá que indemnizar con 430.000 euros a la familia de un paciente que en 2013 acudió a Urgencias del Hospital Santiago Apóstol y tras serle diagnosticado un accidente isquémico transitorio (AIT) fue dado de alta y remitido al Servicio de Atención Primaria. Por la tarde, en casa, sufrió un ictus agudo que le ha dejado graves secuelas y un grado de discapacidad del 79%. El Tribunal Superior de Justicia considera que el hombre, que entonces tenía 67 años, debió quedar ingresado y activarse el código ictus.

La administración regional rechazó en 2017 su reclamación tras un dictamen del Consejo Consultivo, en el que se concluyó que "los perjuicios sufridos por el interesado encuentran su causa principal y directa en su propia dolencia, sin que la actuación de los servicios sanitarios de la Junta de Castilla y León haya tenido influencia decisiva en la evolución del curso causal", por lo que la familia recurrió a los tribunales. Inicialmente, solicitaba a la Junta y a su aseguradora 858.572,28 euros, que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ con sede en Valladolid ha dejado en 424.960,72.

Los hechos ocurrieron el 13 de agosto de 2013. El hombre, sin antecedentes médicos previos, despertó esa mañana con "síntomas como desorientación, asimetría facial (boca torcida, labio caído), descoordinación de movimientos, desequilibrio y alteración del habla", por lo que su familia le llevó al Santiago Apóstol. En Urgencias le practicaron diversas pruebas y poco antes de las dos de la tarde recibió el alta, con el diagnóstico de accidente isquémico transitorio e indicación de acudir a su médico para completar el estudio.

Tres horas más tarde, "volvió a sufrir la misma sintomatología en su domicilio pero de forma más pronunciada y aguda", por lo que llamaron al 112 para que le recogiera una ambulancia. Tras ingresar de nuevo en el centro médico, le fue diagnosticado un ictus agudo en la región fronto-temporo-parietal izquierda.

Según consta en la sentencia, el paciente tardó 799 días en ser dado de alta por el Servicio de Neurología, de los cuales 155 estuvo hospitalizado, primero en el centro médico de Miranda y después en la Unidad de Recuperación Funcional Neurológica del Hospital de Guadarrama (Madrid), comunidad en la que tenía su domicilio habitual. Su situación física actual "exige de constantes cuidados y de la ayuda de terceras personas", según quedó probado.

Además en el informe pericial que se presentó por parte de la demandante, la mujer del afectado como tutora, el AIT "es considerado como la antesala del ictus", remarca la Sala, "de ahí la necesidad del ingreso hospitalario" para estudiar su origen y pautar un tratamiento precoz.

"En lugar de actuar así, desde el Servicio de Urgencias del Hospital Santiago Apóstol se derivó al paciente al Servicio de Atención Primaria para la realización de determinadas pruebas, cuando, de remitirse a algún servicio médico en lugar de ser ingresado, para seguir un tratamiento ambulatorio, debió ser a un especialista en el estudio vascular, que es el encargado de realizar tales pruebas", se explica en la decisión de la Sala.

 

SIN SERVICIO DE NEUROLOGÍA

"No podemos ignorar -remarcan los magistrados- que el Hospital Santiago Apóstol no tiene un Servicio de Neurología", motivo por el que consideran "aún más exigible" o bien haber derivado al paciente "a un centro hospitalario que sí lo tuviese, para estar más controlado, o al menos ingresarle para una observación y monitorización estricta, de modo que ante el más mínimo síntoma de aparición del ictus se actuase rápidamente", profundiza.

Finalmente, descarta uno de los argumentos de los codemandados, que fue alegar que el hombre sufrió el ictus al despertar por la mañana y que, por lo tanto, como ya había "transcurrido ese periodo denominado ‘ventana terapéutica’", nada se podía hacer. Si bien este planteamiento se descartó de inicio con los informes médicos en la mano ya que "lo que resulta contrario a los más mínimos estándares de actuación médica es remitir a un paciente al Servicio de Atención Primaria con un ictus instaurado o que se sabe que se va a desarrollar", concluye la sentencia.

Por todo ello, se reafirma en que el ingreso hubiese permitido estudiar al paciente primero y después observarle "para poder reaccionar no solo rápidamente sino al instante", lo que en este caso no ocurrió. Ni se hizo el estudio, y por lo tanto se desconoce en que estado estaba la arteria, ni se pudo hacer nada cuando volvió a Urgencias porque ya había desarrollado el ictus. "En definitiva, podemos concluir que hubo una clara infracción de la lex artis, que la misma debe reputarse causa del resultado ya que la falta de ingreso debe reputarse como una causa adecuada y eficiente para la producción final del ictus y del retraso en el tratamiento correspondiente, sin que en modo alguno haya quedado acreditado de manera indubitada que, no obstante dicha infracción de la lex artis, se hubiese producido el mismo resultado", concluye la resolución, que se puede recurrir