En la España de las autonomías lo que diga Madrid tiene cada vez menos importancia. El Estado ha dejado escapar lustro a lustro el control de las competencias y en la vida diaria de los ciudadanos, en el manejo de la sanidad, de la educación o del medio ambiente, la batuta la llevan los ejecutivos autonómicos.

Sucede, sin embargo, que el Gobierno central mantiene el principal dominio sobre la recaudación de impuestos y que todavía no ha perdido la dirección de las grandes obras públicas pensadas supuestamente para tejer país. Por eso cada año son tan esperadas las partidas que contemplan los Presupuestos Generales del Estado. De ahí que los medios locales le dediquen ríos de tintas y que despierten apasionadas valoraciones a favor y en contra.

La provincia de Burgos conoció hace un par de semanas que las primeras cuentas elaboradas por el PSOE y Podemos le reservan 132,95 millones de euros en inversiones provincializadas. ¿Es mucho o poco? La respuesta depende de las necesidades de cada territorio, pero teniendo en cuenta que el burgalés lleva décadas escuchando que viene el AVE o las autovías de la Ribera, Aguilar y Logroño, la cantidad resulta claramente insuficiente.

En cualquier caso, el tiempo nos ha enseñado que inflar las cuentas de forma artificial tampoco sirve de nada, como demuestra el enorme desfase entre lo presupuestado a lo largo de la última década y lo que realmente se ha podido ejecutar y pueden ya disfrutar los habitantes de esta provincia.

Zapatero primero, Rajoy después y Sánchez hace solo unos días, han anunciado partidas provincializadas por valor de 2.295 millones de euros entre las cuentas de 2010 y las de 2021 recién prometidas. Sin embargo, de ellas solo están ejecutadas por completo y en servicio alrededor de 1.290. Un desfase de 1.000 millones entre lo que decían los papeles y la realidad.

El cálculo ha sido realizado tomando todas las cantidades anuales según fueron anunciadas por los distintos gobiernos, sumando posteriormente los costes oficiales de las obras ya inauguradas y finalmente restando una cantidad de otra. Además, hay que tener en cuenta que el caso de la remodelación integral de la A-1 (entre la capital y las faldas de Somosierra) juega a favor de los gobiernos: se dijo que la obra costaba 850 millones de euros, está en servicio desde 2012 y por tanto la hemos computado como totalmente terminada, aunque fue financiada con el método del ‘peaje en sombra’ y se sigue pagando año a año, cada vez con mayores cantidades que engordan las cuentas pagando atrasos sin recibir nuevas mejoras.

Ese arreglo en profundidad de la autovía es, de hecho, la actuación ya realizada que concita una mayor partida a lo largo de esta década. Siempre teniendo en cuenta que en 2019 y 2020 no ha habido presupuestos y dando por buenos lo que se acaban de anunciar, sumaría 266 millones de euros con los anuncios de los sucesivos años. Le siguen a corta distancia los 225 millones de la A-73 (aunque en realidad solo se ha estrenado un tramo de 48) y un escalón por debajo estarían los 170 millones de la ronda noroeste (ya en servicio), y los 124,5 que ha llegado a concitar la ampliación de la depuradora (costó algo más de 40).

Todas ellas son cantidades importantes, pero más aún lo son los 672,2 que se han ido prometiendo para el AVE a lo largo del decenio, una obra que sigue sin culminarse y que todavía se seguirá pagando a lo largo de los años venideros. En el apartado de lo que aún son promesas están también los 141 millones consignados para Castrovido, que no ha superado sus pruebas de llenado por mucho que se la suponga prácticamente terminada.

La A-12 ya se ha llevado 45,77 millones en anuncios cuando no se ha estrenado ni un metro y las obras apenas son testimoniales, Garoña ha aparecido con 63 básicamente para el tratamiento de sus residuos y la N-I ha ido acumulando 67,2 para mejoras solo parcialmente ejecutadas.

La tendencia sí es real. El análisis demuestra que a los presupuestos inflados no hay que tomárselos demasiado en serio, aunque también revela cómo son un buen indicador para vislumbrar las tendencias. Cuando la anterior crisis económica todavía no había mostrado su lado más duro, allá por 2010, la provincia de Burgos aparecía con casi 300 millones en las cuentas del Estado. La cifra empezó a descender poco a poco hasta rondar los 200 y volvió a crecer hasta los 400 en un sorprendente 2015, gracias sobre todo a las partidas para el AVE.

Rápidamente se demostró que semejante impulso había sido un espejismo y el dato se desplomó de nuevo hasta los 132 de 2018, las últimas cuentas del ministro Montoro que están todavía en vigor a la espera de las que (salvo sorpresa mayúscula) vendrán a relevarlas. Esta última cifra es prácticamente la misma que aparece para 2021 y hay que recordar que cuando los presupuestos se inflan nada garantiza que vayan a ejecutarse, pero cuando no se reservan partidas es directamente imposible que las obras puedan avanzar.