El Ayuntamiento de Aranda ha avanzado en el proceso para conseguir la cesión de una parcela que es propiedad de la Junta de Castilla y León. Este suelo público se encuentra entre las calles Ruperta Baraya y Simón de Colonia, en las inmediaciones del Hospital de los Santos Reyes y las estaciones de autobuses y ferrocarril, colindando con la zona del sector A recientemente urbanizada y que se está desarrollando en lo que a la construcción de viviendas se refiere, tanto de protección oficial como de mercado libre.
Los contactos se iniciaron con la administración regional hace dos años y desde Alcaldía ya se emitió un decreto en el que se especifica que «dicha parcela está integrada en la junta de compensación de la ARU-22 y sería adecuado para un mejor desarrollo de la unidad de ejecución que la misma fuera de titularidad municipal, en lugar de la Junta de Castilla y León - Servicios Centrales» ya que «facilitaría la gestión de la reparcelación, la asignación del aprovechamiento junto con el resto que le corresponde al Ayuntamiento». Por cada unidad de ejecución que se desarrolla, es decir, en la que se urbaniza y se construyen viviendas, a la administración local le corresponde un 10% del total del suelo, que se destina a viviendas de protección oficial (VPO).
La parcela cuenta con una superficie de 919 metros cuadrados, aunque la superficie registral llega hasta los 969,66 metros cuadrados y la Dirección General de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta ya ha trasladado al Ayuntamiento la solicitud de la documentación necesaria para hacer efectiva la cesión de esta parcela. En esta comunicación se recuerda que «los bienes integrantes en el Patrimonio del Suelo -como es el caso de esta parcela- deberán destinarse necesariamente, entro otros, a alguno de los siguientes fines: construcción de viviendas de protección oficial, ejecución de sistemas generales u otras dotaciones urbanísticas, otros fines de interés social», según reza la comunicación remitida el pasado mes de abril a la Concejalía de Urbanismo y Vivienda arandina.
Desde Fomento, se pide al Ayuntamiento de Aranda que remita por escrito el «compromiso de que las viviendas a edificar estarán acogidas a algún régimen de protección pública» además de que la institución local «se subroga en los derechos y obligaciones (cargas económicas, etc.) de la Junta de Castilla y León como miembro de la junta de compensación de la Unidad de Ejecución 22 ‘Ruperta Baraya’». De esta forma, el Gobierno regional dejaría de estar obligado a contribuir con los gastos que supondría el proyecto de reparcelación y el desarrollo de esta zona de la capital ribereña, como tiene que hacer cualquier propietario, pasándole esta obligación a quien se haría cargo de la propiedad por esta cesión, que sería el Ayuntamiento arandino. Junto a esto, el Consistorio de la capital ribereña tiene que remitir a la Junta un certificado acreditativo de que cuenta con los medios necesarios para el cumplimiento de los fines a los que se destinará la parcela cedida.
Aunque el proyecto se encuentra en una parte de la tramitación muy incipiente, la extensión de este solar que se encuentra a escasos cinco minutos del centro de Aranda hace pensar que en esta zona se podrían llegar a construir unas 400 viviendas en altura, dependiendo siempre de los pisos que permita levantar en este punto del casco urbano el Plan General de Ordenación Urbana. Con esta estimación, al Ayuntamiento le podrían corresponder una decena de viviendas en esta parcela, que contarían con algún tipo de protección para hacerlas asequibles a determinados colectivos con dificultades para acceder a una vivienda, a la que se sumaría otra cifra similar en otra parcela en la misma unidad que ya es propiedad municipal.