En el año 2014, cuando la crisis económica más apretaba, el entonces secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, lo dijo muy claramente en una visita a Burgos: «Me preocupa la cantidad de gente que se va a quedar dentro del túnel. La sociedad se ha fracturado y hay personas sufriendo una gran exclusión que va a ser tremendamente difícil que se suban al carro si no hay medidas eficaces, intensas y valientes». No pudo ser más clarividente. En todo este tiempo no ha habido medidas eficaces, intensas ni valientes, por lo que en un número nada despreciable de personas la pobreza se ha cronificado como una enfermedad. Y no se trata de una impresión, sino que las cifras así lo corroboran: el número de peticiones para acceder a las Prestaciones Económicas de Urgencia Social del Ayuntamiento creció en 2018 -en un momento en el que la coyuntura se diría que es más favorable- un 6,3% con respecto al año anterior.
Bajo este epígrafe, que coloquialmente se conoce como ‘ayudas de urgente necesidad’, se engloba una aportación económica extraordinaria y compatible con cualquier otro recurso, ingreso o prestación, cuya finalidad es resolver de forma temporal la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia y evitar o paliar situaciones de exclusión como consecuencia de imprevistos ocasionales o por falta continuada de recursos. Así, se conceden diferentes cantidades económicas -el importe medio del año pasado estuvo en 558 euros- para afrontar gastos de alimentación, cuidados personales, alojamientos temporales frente a siniestros, catástrofes o conflictos familiares; uso, mantenimiento y suministros de la vivienda habitual, reparaciones, adquisición de electrodomésticos básicos, alquileres o hipotecas y pago de gas, electricidad, agua y comunidad.
En el año 2018 se recibieron 1.214 peticiones de este tipo de ayudas y se concedieron 1.052, según datos de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales. El 68,43% fueron solicitadas por mujeres, un dato que evidencia, a juicio del jefe del área de Mayores y Prestaciones de la Gerencia de Servicios Sociales, Marcos González Ayuso, «que es la mujer quien más se moviliza para la cobertura de las necesidades del ámbito familiar y tiene un mayor peso en los sectores sociales más precarios».
González Ayuso afirma que, a pesar de la disminución del número de desempleados en la ciudad, sigue existiendo un colectivo para el que las cosas no han mejorado en absoluto: «Del número total de solicitantes de las ayudas de urgente necesidad, el 62,45% son personas que ya las habían pedido en años anteriores, un dato que indica la cronicidad en la precarización de muchas familias sin recursos, un dato que aumenta significativamente a partir del año 2015. Como ejemplo, se puede citar el elevado número de familias con todos sus miembros en desempleo, las unidades familiares cuyos únicos ingresos provienen de la Renta Garantizada de Ciudadanía, las personas perceptoras de pensiones no contributivas por jubilación o invalidez o las familias con empleos precarios y niveles de renta bajos».
Todos son colectivos que, según indican desde la Gerencia de Servicios Sociales, se ven obligados a recurrir a estas prestaciones repetidamente ante la imposibilidad de afrontar con sus propios medios cualquier necesidad que suponga un gasto extraordinario: «Las familias vuelven a solicitar prestaciones de urgencia social al no existir opción de acceso a ocupaciones remuneradas que permitan desarrollar una autonomía respecto a los recursos sociales. (Más información en edición impresa)