Avalancha de dudas por los alquileres

H.J.
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En dos meses ha recibido 2.000 consultas por teléfono o correo electrónico preguntando sobre los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos

Una mujer contempla el escaparate de una agencia inmobiliaria. - Foto: VALDIVIELSO

Todo el mundo es un mar de dudas en  esta situación inédita en España. También los que viven en un piso alquilado, así como los propietarios que los tienen arrendados. Y fruto de tantas incógnitas la Cámara de la Propiedad Urbana de Burgos está recibiendo una auténtica avalancha de consultas a lo largo de las próximas semanas.

Este organismo ha gestionado desde el inicio del estado de alarma (14 de marzo) unas 1.000 comunicaciones telefónicas, enviado o recibido 743 correos electrónicos con información y resolviendo dudas, sus publicaciones en Facebook han alcanzado a más de 300 personas en los últimos 28 días y su página web acumula cuatro centenares de visitas en busca de soluciones. 

No en vano, han habilitado en su página de inicio casi medio centenar de preguntas y respuestas frecuentes para solventar todo tipo de incógnitas sobre arrendamientos, sucesiones, comunidades de propietarios, asuntos fiscales, hipotecarias y registrales

El gerente de la Cámara de la Propiedad, José Muñoz, explica que los asuntos más problemáticos son el pago de rentas. La gente quiere saber si puede solicitar una condonación, quitas o reducciones, aplazamientos, quienes pueden beneficiarse, créditos ICO y ayudas públicas disponibles, cómo acreditar la vulnerabilidad, si los arrendadores están obligados a aceptar aplazamientos o cómo tramitar la documentación de los acuerdos, si es que los hubiera.

En este sentido, los arreglos más frecuentes entre las partes "van desde condonar toda o parte de la renta (normalmente el 50%) durante los meses en que se mantenga el estado de alarma, a aplazar su pago", pero en cualquier caso la Cámara recomienda documentarlos "para seguridad de las partes y frente a las obligaciones fiscales con Hacienda".

Junto a las rentas, las dudas llegan también sobre la extinción de los contratos y prórrogas, desistimiento y resolución anticipada de los contratos de local y de industria, depósitos de fianzas,  aplicación de la fianza al pago de rentas (una posibilidad que  desaconsejan "por quedar el propietario sin garantías frente a posibles incumplimientos y porque incumpliría la obligación de depósito que recoge la Ley de Vivienda de Castilla y León pudiendo ser sancionado").
Igualmente generan inquietud cuestiones fiscales consecuencia de los acuerdos de condonación o aplazamiento de rentas o la posibilidad de iniciar actuaciones judiciales por impagos cuando la vía pacífica se demuestra imposible.

Un voto de confianza. Además de la obligación para los grandes tenedores de más de 10 viviendas que ya reguló el Gobierno con dos decretos, los pequeños arrendadores (que son la gran mayoría, como apuntan las mismas fuentes) "llegan en muchos casos a acuerdos con sus arrendatarios", explica José Muñoz, "atendiendo a la solvencia económica y personal, duración del contrato, importe de la renta, posibilidad de ocupar con un nuevo arrendatario, viabilidad del negocio, etc". La clave reside en muchas ocasiones en "la confianza y de la relación previa entre arrendador y arrendatario". 

Los titulares de las viviendas, que no tienen por qué ser inmensamente ricos, "precisan de esa renta para hacer frente a sus necesidades", así que entran en juego circunstancias difíciles para ambas partes que se resuelven mejor desde el entendimiento.

Eso sí, suele ser más frecuente el pacto amistoso "en los contratos de uso distinto de vivienda, pues los arrendatarios no tienen tanta protección pública y además, en muchos casos, no pueden realizar su actividad por imperativo legal", como les ocurre a las tiendas o la hostelería cerradas por obligación.

Muñoz lamenta que la regulación gubernamental está generando "gran confusión", algo unido a "situaciones realmente delicadas que ponen a las partes en dificultades económicas y de cumplimiento de sus obligaciones". Pero además, como sucede en cualquier otra crisis, se producen otras meramente oportunistas donde entra en juego la picaresca por lo que todo ello contribuye a que se produzcan fricciones entre las partes.

A juicio del gerente, la gravedad de los problemas que vayan surgiendo "va a depender de la duración del estado de alarma y del alcance de sus efectos que aún desconocemos, pero también de las ayudas públicas y créditos que se pongan a disposición de los afectados y de la agilidad de su tramitación, de tal forma que resuelvan bien y pronto el problema del arrendatario y por ello del arrendador".