El Ministerio para la Transición Ecológica abrió ayer un plazo de 30 días hábiles hasta el 4 de mayo para que los ciudadanos presenten alegaciones al proyecto de la fase I de desmantelamiento de Santa María de Garoña y a su estudio de impacto ambiental. De ambos documentos se desprende que durante los tres años que durará esta primera fase -la segunda sumará otros siete- se generarán 1.945 toneladas de residuos radioactivos de media, baja y muy baja intensidad que serán trasladados al almacenamiento de El Cabril en Córdoba, el único autorizado en el país. A ellos se sumarán otras 2.892 toneladas de materiales desclasificables mecánicos, eléctricos o de climatización, además de hormigones, con un contenido radioactivo de menor entidad que hace que la normativa vigente permita gestionarlos de manera convencional.
Los residuos radioactivos que viajarán hasta Córdoba deberán realizar un trayecto de 800 kilómetros en camiones con contenedores estancos que sirven de blindaje cuando se trata de residuos radioactivos de media y baja intensidad y en camiones convencionales, cuando son de muy baja intensidad. El proyecto calcula que serán precisos 300 viajes al Cabril, lo que se traduce en 240.000 kilómetros. Pero además, los residuos de construcción y demolición de esta primera fase conllevarán otros 90 transportes, que se estima podrían ser de 100 kilómetros, si se localiza un gestor autorizado cercano, además de otros 100 viajes para sacar la chatarra. De media, se estima que se producirá un tráfico diario de treinta camiones con picos que podrían llegar a los ochenta.
Debido a estas cifras, el estudio de impacto ambiental destaca entre los impactos negativos moderados que producirá el desmantelamiento «el volumen de tráfico, tanto de trabajadores como de transportes y maquinaria en el entorno de la instalación». Junto a este efecto también se fija en los posibles impactos sobre suelos y aguas subterráneas, en el caso de que «la retirada de elementos que pueden contener sustancias contaminantes o el propio trasiego de vehículos y maquinaria de obra puedan dar lugar a la contaminación puntual del suelo».
Asimismo, esta circulación intensa «puede dar lugar a la generación de nubes de polvo que pueden afectar a la vegetación de ribera del Ebro y a las poblaciones más cercanas». Por este motivo, en Mijaralengua y Barcina del Barco, dos localidades ubicadas a 750 y 1.000 metros en línea recta de la central, se instalarán captadores de partículas en suspensión con el fin de evaluar su incidencia sobre la población y poner medidas correctoras en caso de ser necesario. Otras medidas preventivas para paliar estos efectos negativos moderados serán «la contratación de personal local para minimizar los desplazamientos», así como «limitar la velocidad a 20 kilómetros hora» o «mantener los sistemas de recogida de drenajes y depuración para el tratamiento de cualquier derrame accidental» y evitar que llegue al río Ebro o al subsuelo.
En el proyecto redactado para la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, Enresa, se explica como se ha decidido el desmantelamiento total inmediato de la planta frente a la alternativa de un desmantelamiento diferido, que dejaría en latencia durante un periodo de 30 a 100 años los elementos radioactivos más peligrosos. Enresa se ha decantado por el desmantelamiento inmediato por ser «la preferencia internacional» y la solución «menos costosa». Pero en este modelo, «es necesario que transcurra un tiempo de enfriamiento del combustible gastado para que pueda depositarse en los contenedores». Por este motivo, Enresa ha decidido ir realizando tareas preparatorias junto con Nuclenor y dejar para la primera fase del desmantelamiento la operación de sacar el combustible en contenedores al Almacén Temporal Individualizado (ATI) y afrontar simultáneamente otras labores, entre las que destaca la adaptación del edificio de turbinas como edificio auxiliar del desmantelamiento.
Sin modificaciones en el ATI. La descarga del combustible en los 49 contenedores previstos se alargará durante dos años y medio y según el proyecto «la puesta en marcha del ATI no requerirá ninguna obra, modificación o ampliación» de las infraestructuras existentes. Rodeado de numerosas medidas de seguridad, el ATI está compuesto por dos losas sísmicas de 800 metros cuadrados cada una, en las que se repartirán 24 y 25 contenedores, respectivamente. En cada uno de ellos se instalara un módulo adicional de blindaje. Entre los impactos negativos «compatibles» que describe el estudio de impacto ambiental se cita «la nube de calor» que se generará sobre el ATI y que «podría tener efectos microclimáticos a escala local» por el aumento de temperatura, aunque «no se espera que sea apreciable fuera del vallado del ATI».
El estudio califica de «nulos o no significativos la mayor parte de los impactos de la fase I» que podrían darse en la biodiversidad -flora y fauna, el suelo o el agua. La ubicación de Garoña en un meandro que rodea el río Ebro y un terreno de 37 hectáreas que originalmente carecía de arbolado lleva a minimizar los impactos en la fauna, dado que según el estudio las especies mas vulnerables, como el visón europeo o el desmán ibérico viven fuera del meandro, mientras que aves, como el milano real, la águila perdicera o el alimoche solo «lo sobrevuelan o aparecen esporádicamente». Asimismo, añade que las especies del cercano Parque Natural Montes Obarenes «no se espera que resulten afectadas por el desmantelamiento» en esta primera fase. Ya en la segunda se llevarán a cabo tareas de envergadura como el desmantelamiento del reactor, que durará tres años o las demoliciones finales de todos los edificios, también con una duración prevista de tres años.