El que fuera alcalde de Aranda entre 2003 y 2007, el popular Ángel Guerra, cerró ayer el turno de declaraciones de testigos en el juicio por el caso Proincove. Según afirman en la acusación particular, encabezada por Podemos Aranda, el actual diputado provincial se limitó a «echar balones fuera» al afirmar que no recordaba muchos de los detalles por los que fue preguntado. Las cuestiones versaron sobre su mandato en el Ayuntamiento de Aranda y de fechas incluso anteriores. Y esos años de distancia fueron en los que se justificó Ángel Guerra.

La semana anterior el que declaró como testigo fue Eusebio Martín por el cargo de concejal de Obras que ostentó entre 2007 y 2011 en el Gobierno socialista de Luis Briones. El exedil argumentó que él lo único que hizo fue «iniciar el proceso» ante la demanda existente que llevó al Ayuntamiento a pagar más de siete millones de euros. Con las declaraciones ya cerradas, en Podemos Aranda esperan que el caso «no se cierre» y no descartan incluso que se llame a más testigos. Confían en que se «asuman responsabilidades» por el «abandono y dejadez» que denuncian por parte de los equipos de Gobierno vigentes durante los hechos investigados.

El caso Proincove, según detalla el concejal de Podemos en Aranda, Andrés Gonzalo, «viene de 1999, cuando se redactó el proyecto de recuperación de los márgenes de los ríos. Justo entre los años 2000 y 2002, el propietario de Proincove, Mariano Velasco, compró dos parcelas en esas zonas por valor de 19.000 euros». Unas fincas que, recalca Gonzalo, «no eran edificables al ser terrenos inundables» y que fueron ocupadas por las obras municipales. Eso fue lo que demandó en su momento Proincove. «El resto de terrenos se compraron o expropiaron», incide el edil de Podemos. Esas dos parcelas, recuerda Gonzalo, fueron posteriormente valoradas por un técnico municipal en cuatro millones de euros y entre las indemnizaciones y las tasas el Ayuntamiento tuvo que pagar al empresario «más de siete millones de euros».

La entrada de Podemos (entonces Sí Se Puede) al Ayuntamiento en 2015 llevó a la reapertura del caso. La formación tuvo que recurrir a la Fiscalía Anticorrupción para lograr que se iniciara el proceso que ayer vivió otro capítulo en los Juzgados de Aranda. «Queremos denunciar que Velasco, el único imputado, tuvo información privilegiada y sobre todo que hubo tráfico de influencias», concluye Gonzalo.