La intuición no hacía pensar nada muy distinto, pero cuando los datos lo corroboran y lo colocan negro sobre blanco resulta más desmoralizador. La inmensa mayoría de los lugares que habitamos tiene una eficiencia energética mala o muy mala, y eso sin duda tiene efectos directos sobre nuestros bolsillos.

En una provincia de extremos como la burgalesa, muy fría durante muchos meses y capaz de aplastar también de calor a sus habitantes en verano, se traduce en una pérdida de confort generalizado y por supuesto en cuantiosas facturas de calefacción (el aire acondicionado es minoritario).

En junio del año 2013 entró en vigor la obligatoriedad del Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios, que como ocurre con los electrodomésticos nuevos otorga una etiqueta y un color a todos ellos. Afecta a los de nueva construcción y a los antiguos que sean vendidos o alquilados, así como a los inmuebles de uso público. Y las conclusiones de estos siete años no son nada alentadoras.

Según la estadística facilitada por la Junta de Castilla y León hasta el pasado 11 de septiembre, en la provincia de Burgos se han inscrito más de 23.600 inmuebles. De ellos, 21.514 son viviendas. Y el 83% de ellas presenta una eficiencia energética baja.

En una escala alfabética de la A a la G, ordenadas de mejor a peor eficiencia según unos índices obtenidos a su vez a partir de cálculos técnicos sobre consumo energético y emisión de CO2, solo el 0,80% de los hogares recibe la máxima calificación y entre los tres primeros puestos solo suman el 4,80%.

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)