Nunca se podrá saber ni el número ni el contenido ni la importancia de los documentos de la Sociedad de Aguas que se quemaron en un contenedor el pasado 2 de junio en la sede que la empresa pública tiene en la calle La Lora, tras ser trasladados desde las oficinas de la avenida del Cid. Tampoco si existía la intención de ocultar algo, al producirse al día siguiente de informar sobre una reorganización interna en el control de contratos, ni se exigirán responsabilidades más allá del cese del hasta hace unos días gerente, Juan Antonio de Miguel.

La comisión de investigación, creada a petición del PPy Podemos, para esclarecer este hecho y también analizar las políticas de personal y contratación de obras y servicios se cerró ayer con la lectura de conclusiones. Su presidente, Miguel Balbás, indicó que de las comparencias se deduce «que no se puede asegurar que toda la documentación quemada estuviera escaneada» y la «falta de registro, listado o certificado alguno de la documentación ni protocolo de destrucción». «Siempre se ha hecho sin control ni registro de la documentación destruida, una vez se hacía de una manera y otras, de otra. Nunca había un patrón fijo ni un documento de expurgo o entrega», afirmó. 

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