La demanda de reparto urgente de comida del servicio creado por la Junta en 2013 para atender necesidades sobrevenidas y reforzado en el mes de marzo de 2020, se disparó el año pasado, como estaba previsto ante el confinamiento y la situación sanitaria y social derivada de la covid-19. Un shock que llevó a más de 21.500 familias a pedir ayuda a este servicio de urgencia, frente a las 166 que precisaron esta ayuda en 2019. Es decir, la demanda se multiplicó por 130. Una explosión de necesidad que pone de manifiesto la dureza con la que la crisis de la covid ha impactado sobre las familias. Durante los meses más duros de la pandemia, se distribuyeron alimentos, productos de higiene y, puntualmente, medicamentos, para evitar desplazamientos de pacientes de riesgo al centro sanitario.

Uno de los principales instrumentos a disposición de las familias de la Comunidad es la Red de Protección, «una herramienta que ha sido esencial para afrontar la crisis derivada de la emergencia sanitaria», tal y como destaca un informe elaborado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en el que se evalúan las principales medidas de apoyo a las familias de Castilla y León. En su cartera de servicios figura la entrega de alimentos, cuya demanda creció de forma sustancial durante 2020. El reparto ordinario –que atienden los Bancos de Alimentos, Cruz Roja y entidades encargadas de su distribución– prestó cobertura el pasado año a 92.881 personas, 7.081 más que en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 8,25 por ciento.

El Consejo de Gobierno analizó el documento, donde se pone de manifiesto que las políticas impulsadas por este departamento «han logrado ofrecer una respuesta eficaz y una atención adecuada a los más vulnerables ante las nuevas necesidades surgidas en el difícil año de la pandemia». 

Otra de las medidas incluidas en la de Red de Protección es la Renta Garantizada de Ciudadanía, que al cierre de 2020 contaba con 11.526 titulares de la prestación y 26.529 beneficiarios. Estas cifras son ligeramente inferiores a las contabilizadas en 2019 –cuando había 13.069 titulares y 30.007 beneficiarios– como consecuencia, fundamentalmente, de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital.

En cuanto a las medidas habilitadas para paliar la pobreza energética, el documento analizado en Consejo de Gobierno detalla que el pasado año se evitó el corte de suministro de energía en 172 hogares. En este caso, esta cifra es la mitad de la contabilizada en un año ordinario, como 2018, si bien hay que tener en cuenta que con la declaración del estado de alarma se decretó la prohibición de interrumpir el abastecimiento.

Fiscalidad

Las ayudas en materia de conciliación que anualmente venía convocando el área de Familia e Igualdad de Oportunidades, en el marco de los acuerdos del Diálogo Social, se reforzaron también con el estallido de la emergencia sanitaria. Así, se amplió el crédito disponible y se flexibilizaron los requisitos de acceso a estas subvenciones para favorecer tanto las reducciones de jornada, como las excedencias por cuidado de hijos. En total, se concedieron 358 ayudas por más de 408.000 euros en la primera modalidad y 186 por más de 192.500 euros para el segundo de los supuestos.