La historia de una de las operaciones urbanísticas municipales más ruinosas del siglo (para el Ayuntamiento, se entiende) va camino de tener un colofón a la altura de su guión. El equipo de Gobierno de Juan Carlos Aparicio decidió, en 2004, adquirir el viejo colegio mayor Peña Amaya para convertirlo en un albergue juvenil. Lo hizo a través de un convenio de permuta con la sociedad propietaria, por entonces Raviorna SA, perteneciente al grupo de empresas Anta.
El acuerdo inicial no pasó por el aro ni de los servicios técnicos ni de la oposición, por lo que se modificó y, en diciembre de 2015 y ante notario, el alcalde Aparicio firmaba con el administrador de otra empresa de los mismos propietarios (Inizia Gestión Inmobiliaria, que por el camino había absorbido a varias mercantiles del grupo, entre ellas Raviorna SA) una permuta por la que la ciudad se quedaba el colegio e Inizia recibía una parcela de suelo público para construir 73 viviendas en el S-4. Al margen, la empresa se obligaba a arreglar una calle junto al Peña Amaya por valor de 150.000 euros, cosa que no hizo.

Esa operación fue llevada a los tribunales por el Grupo Municipal Socialista, que defendió que el convenio no cumplía con los fines sociales obligados por ley para enajenar el patrimonio público de suelo (lo consideraba una mera operación urbanística, o, de forma más simple, una forma de financiar las políticas del PP) y que, además, la permuta debió salir a concurso público y transparente para que cualquier otra empresa pudiera hacer su oferta a la ciudad, en lugar de aceptar la ‘puja’ de Inizia, consistente en un inmueble yermo y, como se ha demostrado, sin interés para la iniciativa tanto pública como privada. Un juzgado de Burgos dio toda la razón al PSOE y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó plenamente esa sentencia en el año 2009.
Para entonces, los propietarios del Peña Amaya habían vendido el suelo, de nuevo a través de otra sociedad (Anta Natura SL), a una cooperativa de viviendas: Urbelar. Según consta en los documentos que dan fe de la operación, sobre esa finca ya pesaba una hipoteca de seis millones de euros concedida por Caja de Burgos. La finca, junto con algunos porcentajes de servidumbres sin aprovechamiento lucrativo alguno, fue vendida a Urbelar por la cantidad de 10.483.062 euros, IVA incluido (una repercusión suelo-vivienda de 143.000 euros). Eso ocurrió en julio de 2007, en el momento más extremo de la burbuja inmobiliaria. El 1 de diciembre de 2005, apenas un año y medio antes, la valoración que se hizo del solar público que se dio a Inizia a cambio del inerte colegio fue de 4.694.979 euros (una repercusión suelo-vivienda de 64.000 euros).

Cuando los juzgados ordenaron retrotraer la operación (que el Peña Amaya volviera a manos de sus propietarios y el suelo a las del Ayuntamiento), Inizia declaró que ya había transmitido la finca a una cooperativa (que además acabó concursada) y que era insolvente para compensar al Ayuntamiento por lo que era suyo. Así las cosas, planteó una ‘dación en pago’: el colegio a cambio de la deuda. Se aceptó (la Junta de Gobierno lo aprobó en el verano de 2014 después de dilatar el proceso hasta que el juzgado que dictó la sentencia inicial aceptó la dación como mal menor). Hasta ahí, lo ya conocido.
el problema. En los últimos años ha habido varios contactos con distintos inversores (españoles y chinos, para más señas) con el fin de tratar de vender el Peña Amaya (valorado en 2014 en 3,3 millones de euros, por lo que la diferencia hasta 4,7 se exigiría -sin éxito- a Inizia). Ninguno ha avanzado. ¿Por qué? Pues por la razón de que el edificio y su parcela forman parte de la masa concursal de Inizia. Es decir, el administrador concursal señalado para liquidar Inizia va a subastar esa propiedad al considerar que es la empresa, y no el Ayuntamiento, el propietario del inmueble. Más claro: ahora mismo, el Ayuntamiento ha perdido el suelo público en el S-4 (que como se ha reseñado se vendió por más de 10 millones) y el bien por el que lo permutó, ya que el dinero obtenido de la pretendida subasta irá a pagar a los acreedores de Inizia.

Lo paradójico del asunto es que el bien sí consta inscrito en el Registro de la Propiedad número 3 (finca registral 11.220) a nombre del Ayuntamiento. Entonces, ¿cómo es posible que, tal y como han ratificado los servicios jurídicos municipales, el Peña Amaya vaya a ser sacado a subasta para liquidar las deudas de Inizia? La explicación radica en los tiempos y en la validez de los actos. El inmueble se inscribió a nombre del Ayuntamiento cuando se firmó la permuta, pero esa operación fue declarada plenamente nula por sentencia judicial firme. Por tanto, el administrador concursal de Inizia (con sede en Barcelona) ha considerado inválida esa inscripción y ha incorporado el colegio a los bienes a subastar. Si bien los servicios jurídicos tratarán de impedir ese proceso, las previsiones que ya se han trasladado al equipo de Gobierno no son buenas para un asunto que se parió torcido y va camino de acabar provocando un agujero patrimonial de época.