Los Tribunales vuelven a dar la razón al Ayuntamiento arandino en el proceso judicial abierto contra él por la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, ratificando ahora el acuerdo de septiembre de 2014 por el que una junta de gobierno mermada daba la licencia de primera ocupación y de apertura al coso taurino. La sentencia concluye que "no es posible aceptar que al emitir la licencia se vulnerara la normativa urbanística" aunque los demandantes "omiten la valoración aquí realizada y se basan en un escamen simplista de los requisitos formales" que exige la normativa.

Para desestimar esta demanda, la jueza considera que hay suficientes informes, documentos y dictámenes que constatan la ejecución de la obra, destacando los 20 informes de la letrada de Obras y los 44 del arquitecto municipal, poniendo el acento en que la propiedad de la plaza de toros atendió todos los requerimientos que se le hicieron para subsanar deficiencias.

La sentencia condena al pago de las costas a la Plataforma de la Plaza de Toros, que no podrán superar los 800 euros, y da 15 días de plazo para presentar contra ella recurso de apelación.

La alcaldesa de Aranda, Raquel González, muestra su satisfacción por la sentencia y espera que este sea el punto final a "siete años de acoso judicial y mediático". Tras el silencio en este proceso, González tiene un recuerdo para los compañeros de corporación y sus familias "que han sufrido mucho con este proceso" y ratifica que las decisiones tomadas fueron para solucionar la "pésima" tramitación de la compra venta de este inmueble municipal, al que ella se opuso desde el principio, y que siempre ha actuado "en defensa de los intereses de Aranda".