Más juicios con más retrasos acumulados en los pagos. Así se resume la situación de la justicia gratuita en Burgos, cuyos profesionales, al igual que los del resto de territorios de España dependientes del Ministerio de Justicia, acumulan cinco meses sin cobrar por los procedimientos asumidos en el Turno de Oficio. Pero esta situación solo es la gota que colma un vaso que lleva llenándose años en forma de reivindicaciones que se cumplen a medias o que, sencillamente, se quedan en promesas por parte de los diferentes Gobiernos. Mientras, los 300 abogados burgaleses asumieron en 2018 un total de 5.969 casos, lo que supone un incremento del 5% con respecto al año anterior, de los cuales más de la mitad fueron del ámbito penal.
Una de las últimas medidas acordadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy fue la actualización del baremo, que databa de 2003, con un aumento medio del 24 por ciento por los servicios de asistencia jurídica gratuita. La medida, que terminó entrando en vigor hace unos meses, no satisface a los abogados, ya que siguen cobrando menos que los de las Comunidades que tienen competencias adquiridas en esta materia, como Galicia, País Vasco o Navarra. «Es absolutamente insuficiente porque no se adapta a la realidad del presente» subraya Juan Cruz Monje, coordinador de justicia gratuita del Colegio de Abogados de Burgos. Hay que tener en cuenta que los profesionales que se ocupan de un caso del turno perciben el 10% de lo que cobrarían si lo asumieran desde un despacho privado.
Es decir, que si un divorcio cuesta alrededor de 2.000 euros, al letrado de oficio se le paga 200. «No compensa en absoluto si no es por vocación», zanja Monje, quien insiste en la necesidad de modificar el baremo para adaptarlo a las necesidades actuales de los profesionales de la abogacía.
Por otro lado, los abogados se quejan de que el cambio en la modalidad de pago a mes vencido -hasta hace menos de un año era trimestral-, tampoco se está aplicando de manera correcta. Es más, el coordinador de justicia gratuita del Colegio de Abogados de Burgos señala que con el procedimiento de abono anterior el retraso se debía a temas burocráticos, ya que se trataba de una liquidación de tres meses. Sin embargo, los impagos se dilatan hasta los cinco desde el cambio, con lo que la agilidad que se buscaba con esta medida es, si cabe, menor.
Juan Cruz Monje recuerda que son los Colegios de Abogados los encargados de organizar los turnos y las guardias y también de establecer unos servicios de asistencia a los ciudadanos. A todo ello hay que sumar los gastos que asumen en concepto de seguros y de formación a los profesionales. Cabe destacar que la cantidad que destina Justicia a la asistencia gratuita en Burgos no llega al millón de euros. «Al margen de temas económicos, da la sensación de que el Ministerio no valora realmente el trabajo que hacemos», protesta.
Otro asunto sometido a debate es la obligación que tienen los abogados de superar los tres años colegiados antes de poder ejercer en el turno de oficio, algo que va encaminado a acreditar el grado de experiencia de los profesionales. No obstante, el sector no ve con buenos ojos este requisito. Monje recuerda que en la actualidad los estudiantes que terminan Derecho tienen que cursar un Máster de Acceso a la Abogacía de un año y medio, con sus respectivas prácticas, antes de ejercer: «Están de sobra formados y esta medida solo frena su desarrollo».
Desde el Colegio de Abogados de Burgos no eluden cierta responsabilidad a la hora de no conseguir que se cumplan todas las reivindicaciones. Juan Cruz Monje entona el ‘mea culpa’ y reconoce que «es posible que no nos hagan todo el caso que merecemos porque apenas les damos guerra». En este sentido, hay que recordar que los paros que se están realizando junto con los procuradores van encaminados a agotar el plazo de 3 horas que marca la ley para acudir a la llamada de un usuario que solicita la asistencia jurídica, pero, por el momento, no se han planteado medidas más contundentes «por responsabilidad», según el coordinador justicia gratuita en Burgos.
A toda esta batería de reivindicaciones habría que sumarle el hecho de que, en muchas ocasiones, los abogados de oficio se ven expuestos a situaciones de faltas de respeto y agresiones por parte de sus clientes. Desde el Colegio de Burgos reclaman que los profesionales que ejercen en el turno de oficio sean considerados autoridad pública a efectos de ataques de usuarios, una condición que sí se contempla tanto en la Educación como en la Sanidad.
Los retrasos en los pagos no han hecho sino agravar una situación que los abogados comienzan a considerar insostenible. Exigen que se valore su trabajo y sea consecuentemente remunerado. El Ministerio de Justicia dio luz verde el pasado jueves al procedimiento para hacer efectivo el abono de las subvenciones para la prestación del turno de oficio, por lo que se aseguró que el Consejo General de la Abogacía recibirá los fondos la próxima semana. En cualquier caso, los profesionales seguirán reclamando una mayor igualdad.