Con un Gobierno en funciones dimitido hace dos meses por un escándalo sobre ayudas a familias desfavorecidas, en plena pandemia, sin actos de campaña y con un calendario de tres días para llevar a cabo la votación sin riesgo de contagios. Los Países Bajos afrontan las primeras elecciones de carácter nacional en Europa tras la llegada de la COVID-19 que pueden servir de termómetro para valorar la gestión de una crisis sanitaria sin precedentes -en Portugal se celebraron presidenciales en enero, pero su resultado no es vinculante con el trabajo del Ejecutivo luso-.

La cita, prevista para el 17 de marzo -aunque los colegios elecotrales abrirán el 15 y 16 con jornadas anticipadas para evitar grandes concentraciones de personas en espacios cerrados-, servirá, por tanto, para examinar al liberal Mark Rutte -favorito para la reelección- tras la polémica desatada por falsas acusaciones de fraude a miles de familias -que derivó en la  renuncia del Ejecutivo a solo dos meses de las elecciones- y, sobre todo, para determinar si la toma de medidas poco populares, como la restricción de la vida social o el cierre de negocios para frenar los contagios le pasa factura.

Hasta octubre, el Gabinete había optado por un  «confinamiento inteligente» que consistía en seguir permitiendo que la gente salga a la calle de manera razonable y apostar por el teletrabajo mientras sea posible. Es decir, confiar en el buen hacer de la población en lugar de imponer duras medidas. Sin embargo, la llegada de la segunda ola en otoño obligó al liberal a decretar el cierre de comercios no esenciales y reducir a dos personas las reuniones. Ni siquiera eso minó su popularidad, situada a finales de año en un 73 por ciento.

No fue hasta la llegada de 2021 cuando el Gobierno neerlandés decidió imponer severas limitaciones para tratar de contener la crisis sanitaria. Entre ellas, un controvertido toque de queda que desató la ira de los negacionistas -con violentas protestas en las calles- y la polémica, puesto que fue cuestionado por la Justicia y anulado por un tribunal para, posteriormente, darle su visto bueno.

Esa es, sin duda, la mayor factura que puede haberle pasado la pandemia  Rutte, quien, sin embargo, sigue partiendo en cabeza según todos los sondeos, que apuntan a que podrá revalidar su cargo de primer ministro por cuarta vez. Eso sí, siempre y cuando consiga firmar una coalición que le permita gobernar y que podría estar formada por un amplio abanico de partidos -el actual Ejecutivo en funciones se compone por cuatro bloques de ideología dispar:  el liberal VVD, la democristiana CDA, los progresistas D66 y los conservadores de la Unión Cristiana (CU)-.

Y es que el escenario político en los Países Bajos es el más fragmentado desde la Segunda Guerra Mundial, con 37 formaciones buscando un hueco en el Parlamento, de las que poco más de la mitad -entre 14 y 15, según las estimaciones- conseguirá un escaño.

Rutte, al frente del VVD por cuarta vez desde 2010, aspira a conseguir la reelección. Y con un apoyo superior al logrado en 2017. Todos los sondeos le dan entre 38 y 40 diputados -del total de 150-, frente a los 33 con los que cuenta actualmente. También mejorarían sus socios de la CDA, que sumarían un parlamentario más (20) y la CU, que alcanzarían seis, frente a los cinco actuales. Sin embargo, el cuarto en discordia, el D66 perdería hasta tres diputados y se queadría con 16. A pesar de todo, de confirmarse este resultado, la alianza saliente podría repetir incluso con más estabilidad.

Sin consecuencias

Estos datos reflejan que el escándalo que hizo dimitir al Gobierno en pleno en enero no pasará factura a sus integrantes -la caída de los progresistas D66 estaba ya prevista desde hacía tiempo-. 

Todo surgió tras destaparse una supuesta discriminación racial en la concesión de ayudas sociales a 26.000 familias con hijos -la mayoría de origen marroquí y turco-, a las que las autoridades acusaron de fraude y obligaron a devolver la prestación sin justificación aparente. Eso derivó en la dimisión inmediata del ministro de Economía y responsable de la Agencia Tributaria, Eric Wiebes, para, horas después, hacer lo propio el Ejecutivo al completo.

Los expertos consideran que esta renuncia de Rutte y su equipo fue un movimiento calculado para evitar un daño a su imagen política, evitando así una moción de censura por parte de la oposición laborista -a quienes se podría haber sumado la extrema derecha- que podría haber minado la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, la imagen del primer ministro parece haber quedado indemne y su lucha en Europa por conseguir beneficios para los Países Bajos primarán a la polémica, por lo que todo apunta a que Rutte superará este examen. Y con nota.