La Guardia Civil ha investigado a C.M.M. (54) como presunto autor de un delito contra el Medio Ambiente por imprudencia grave en la carga y transporte de cloruro férrico que desembocó en la corrosión del revestimiento de los depósitos de una cisterna y su posterior derrame que además de afectar al terreno provocó la muerte de 18 aves.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2018, cuando una empresa del sector químico ubicada en País Vasco volcaba 16.700 litros de cloruro férrico en un semirremolque tipo cisterna para su transporte por carretera. Una vez en ruta, el material, altamente corrosivo, fue desgastando el revestimiento interior de los depósitos, que no estaban habilitados para contener dicho producto, provocando su derrame en la autovía AP-1 y posteriormente en un área de servicio de La Bureba, donde el vehículo se detuvo.

El conductor, ajeno al vertido que se estaba produciendo, fue avisado por otro chófer; a pesar de los trabajos de los servicios de emergencia que se desplazaron al lugar, fue imposible contener la carga que se derramó en su totalidad sobre la superficie, extendiéndose libremente a continuación a través del alcantarillado, alcanzando una amplia franja de terreno hasta llegar a las aguas de un arroyo tributario del Río Oca.

Investigado un conductor por un vertido que mató a 18 aves

Los informes, análisis e inspecciones practicadas han concluido que si bien el vertido de este producto químico no puso en riesgo la vida de las personas, realmente sí hubo afección del terreno y las aguas.

Aunque no afectó a la fauna acuática de la comarca, por el contrario aparecieron 18 aves muertas en las proximidades, entre ellas tres lavanderas (Motacilla flava) que están incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, según la necropsia practicada.

La investigación ha aclarado que el conductor carecía de la titulación y habilitación necesaria para realizar personalmente el proceso de trasvase de la carga, como así lo hizo, y que desconocía -por no tener la información necesaria- que los depósitos de la cisterna no admitían el cloruro férrico por no estar acondicionados para almacenaje y transporte de sustancias corrosivas, recayendo por tanto toda la responsabilidad en la empresa cargadora conforme a la normativa que lo regula.