El pasado 1 de julio el Gobierno, en previsión de la multitud de limitaciones que iban a estar en vigor durante todo el verano, pactó una prórroga de la prestación por cese de actividad para los autónomos hasta el 30 de septiembre con las principales asociaciones que representan al sector. El abanico de potenciales beneficiarios se abría a todos aquellos que consiguieran acreditar el cierre total del negocio o una reducción de la factura del 75% del tercer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Pues bien, según detallan desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), en Burgos cerca de 8.000 de los más de 27.000 emprendedores dados de alta han reclamado la subvención, aunque solo 630 se han podido acoger a la misma. Haciendo cálculos, apenas el 8% de las solicitudes han recibido el visto bueno para comenzar a recibir la ayuda, un porcentaje que va en consonancia con el 4% - solo 143.000 de los 3 millones de autónomos- a nivel nacional. «Es un dato muy bajo, hay que ampliar la cobertura porque estamos viviendo una sangría que no hace sino hundirnos más y más», lamenta Domiciano Curiel, presidente de ATA Castilla y León, que urge «más protección» hacia este colectivo.
A nivel regional, son 5.575 los ‘afortunados’ que reciben puntualmente la aportación económica estatal. «Los servidores de la Seguridad Social están saturados y ello provoca un retraso en el reconocimiento, una situación parecida a lo que ocurrió con los ERTE», indica María Águeda García, presidenta de la Asociación Unidos Para Actuar (AUPA) de Burgos.

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