«Yo no era jurista, yo era el que cuidaba las vacas». Con esta frase resumió José Paulino Alonso su línea de defensa frente a la acusación por falsedad documental durante la tramitación del expediente de cambio de titularidad del coto de caza en 2009 para su posterior arrendamiento. «La cosa administrativa siempre la llevó la secretaria. Yo de papeles y eso...», insistió el entonces alcalde de Cabezón de la Sierra, que se enfrenta a una pena de hasta 6 años de prisión y otros tantos de inhabilitación.

Alonso sí reconoció que en las hojas de firmas que confeccionó de manera previa la Sociedad de Cazadores para recabar el apoyo de los dueños de los terrenos a la cesión de los derechos cinegéticos estampó su rúbrica a título personal, «no como alcalde», en la casilla correspondiente a distintos organismos e instituciones, que luego en el trámite escrito denegaran la autorización. «Llamé por teléfono y me dijeron que sí, que bien, incluso estaba agradecidos de que les informaran», declaró ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Posteriormente, testificaron los representantes de la Diputación, de la Confederación Hidrográfica del Duero y del Adif desmintieron esa versión. «Me parece imposible», afirmó quien en 2009 era secretario general de la CHD al ser preguntado sobre la posibilidad de que desde el organismo alguien concediera autorización telefónica y le desautorizara. 

También lo negó el exalcalde de Salas de los Infantes, Fernando Castaño. «Un consentimiento expreso de manera verbal, no», apuntó.Es más, este municipio se dirigió a la Junta de Castilla y León para que paralizara la tramitación del coto al ver que entre los terrenos se había incluido un monte que pertenecía a estos dos municipios y a Hacinas, que no se opuso.

Pese a que insistieron las acusaciones, no consiguieron sacar a José Paulino Alonso de su descarga de responsabilidad. «¡Que yo no envío nada, que es la secretaria. Yo no llevaba nada administrativo!», fue su última respuesta a la abogada de la acusación que ejerce otro exalcalde de la localidad, Mariano Lacalle. Pero cuando llegó el turno de la funcionaria, ella negó que diera órdenes al alcalde o que tomara decisiones en el ayuntamiento. Sí conocía la existencia del comunero del monte de Santiuste pero no supo explicar porqué en el expediente no se reflejó la copropiedad de Salas y Hacinas ni tampoco que aparecían como conformes entidades que se opusieron.

El acusador particular, Mariano Lacalle, que fue alcalde de Cabezón entre 1987 y 2003 y concejal hasta 2015, reconoció que firmó en su nombre y en de familiares en las hojas del coto y que en el Concejo votó a favor, aunque no conocía el expediente. «Mi hermano votó en contra porque es valiente, los demás no nos atrevíamos», apuntó en referencia a la presencia mayoritaria de interesados en que el coto saliera adelante en esa sesión.

Un año después, en 2010, algunos vecinos se inquietaron al correr el rumor de que la cesión se hizo por 20 años, por lo que Lacalle pidió la documentación en muchas ocasiones sin éxito.Tras recurrir al Procurador del Común y denunciar a la Fiscalía, fue acusado de desobediencia a Alonso, que además está inhabilitado por una condena por empadronamientos irregulares. En esta causa, la fiscal pide 6 años de prisión, la acusación particular 3 y la defensa su absolución.